Las carencias y errores del sistema judicial del país quedaron al desnudo en un reciente diagnóstico del Cyrus R. Vance Center for International Justice y de la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia.
El informe, actualizado hasta julio pasado, habla de la influencia de otros poderes, de actores políticos y del sector privado en el nombramiento de magistrados y jueces; menciona la implementación inadecuada de la Ley 53 de agosto de 2015 de carrera judicial, y se refiere a la impunidad en casos de corrupción.
“En general, la ciudadanía y las organizaciones observan que no existen condenas para los casos grandes de corrupción en el país. La mayoría de los casos se desestiman por errores procesales o falta de pruebas”, dice el documento.
También advierte que “se observan múltiples casos de violaciones de derechos humanos, como abuso sexual a menores en albergues, en los que la justicia parece no actuar”.
“Existen múltiples casos de corrupción de jueces y magistrados que han salido a la luz y están bajo investigación, incluyendo casos de sobornos por parte de abogados y casos de mora judicial asociada a corrupción de los funcionarios judiciales”, advierte el estudio.
Un informe y la justicia del país, frente al espejo
¿Cómo es la justicia en Panamá? Un diagnóstico del Cyrus R. Vance Center for International Justice y la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia pone el dedo en la herida. Habla de los defectos en el nombramiento de magistrados y jueces, de la dilación de la Ley 53 de agosto de 2015 sobre carrera judicial, y de la corrupción en el sistema de justicia.
Con respecto a la Ley 53 de carrera judicial, el estudio dice que la indebida influencia del Ejecutivo en los nombramientos de magistrados de las altas cortes y en la aprobación del presupuesto del Judicial han dilatado su implementación.
El documento incluye aspectos técnicos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Es así como recuerdan que la Corte y el procurador General de la Nación formulan los presupuestos del Órgano Judicial y el Ministerio Público, respectivamente, y los remiten al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto General del Estado.
Destacan que “no se le asigna un presupuesto a cada juzgado” y, en términos generales, la secretaría administrativa de la Corte es la que planifica, organiza y coordina las actividades administrativas. “Lo anterior demuestra una concentración de funciones jurisdiccionales y de otra naturaleza en la Corte, y esto afecta el desarrollo de las funciones de la judicatura”, advierte el documento que salió a la luz pública en julio pasado.
Una de las metas que tiene la actual junta directiva de la Corte, que preside la magistrada María Eugenía López Arias, es terminar de poner en marcha la carrera judicial. En abril pasado, el Consejo de Administración de la Carrera Judicial del Órgano Judicial aprobó el calendario de actividades para la evaluación de jueces y magistrados en todos los niveles y jurisdicciones (2022-2023). Este proceso se divide en 12 etapas. La primera arrancó el pasado 1 de julio y concluye con la evaluación final y entrega de resultados, entre julio y agosto de 2023.
Sobre el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte y de los jueces, el estudio dice que “se registran injerencias del Poder Ejecutivo al proponer, a través del Consejo de Gabinete, a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son afines al gobierno de turno”.
También mencionan que “por pugnas entre los poderes del Estado, el Legislativo no ha ratificado candidatos propuestos por el Ejecutivo”.
Esto, añade el informe, “revela fuertes defectos en el sistema de designación y nombramiento de los magistrados”. El más reciente ejemplo de este escenario ocurrió en diciembre de 2017, en el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), cuando una Asamblea Nacional controlada por diputados del Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático se negó a ratificar a la entonces fiscal anticorrupción Zuleyka Moore y a la abogada Ana Lucrecia Tovar de Zarak, como magistradas.
Si hay algo de lo que está orgulloso el gobierno de Laurentino Cortizo es de la designación de los magistrados. El mandatario y sus voceros recuerdan cada tanto el papel que ha jugado la sociedad civil en los nombramientos. Con ese mecanismo, al Palacio Gil Ponce llegaron López Arias, Carlos Vásquez Reyes, Maribel Cornejo, Miriam Cheng y María Cristina Chen. Ahora se busca al reemplazo de José Ayú Prado, a quien se le vence su periodo el 31 de diciembre próximo. El gobernante ya tiene los nombres de 11 abogados que pasaron el filtro de una comisión evaluadora, donde participa la Comisión de Estado por la Justicia y otros sectores.
Cuando el diagnóstico incorpora “la corrupción en el sistema judicial”, mencionan el caso del hijo del magistrado Cecilio Cedalise, quien en 2020 fue arrestado en medio de un operativo por un caso de droga y tráfico de armas. El documento recuerda que, días después, el pleno admitió un amparo de garantías que lo protegió de las medidas cautelares ordenadas por una jueza.
“Este tipo de decisiones generan desconfianza en la ciudadanía respecto de la independencia de la judicatura y de la imparcialidad frente a intereses individuales”, señala el estudio.
Carlos Barsallo, expresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, asegura que el diagnóstico “es consistente con otros informes sobre Panamá en materia de justicia e independencia judicial”.
“El documento refleja la situación bastante bien. Está actualizado a julio 2022″, añade.
