La Policía de Panamá recibió una alerta de Interpol contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), al que el pasado jueves se le otorgó un salvoconducto para dejar la embajada nicaragüense, donde ha estado asilado desde febrero de 2024 tras ser condenado por corrupción, pero aclaró que esta notificación no va a interrumpir su salida prevista el lunes hacia Nicaragua.
“En efecto, nos llegó una alerta Interpol, como un organismo que la Policía (panameña) forma parte de él”, confirmó este domingo en declaraciones a la prensa el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
El oficial dijo que concretamente que la recibieron el viernes como una “comunicación interna entre las agencias”.
Sin embargo, Fernández aclaró que “esta alerta no va a interrumpir el proceso que hay con el protocolo de que el expresidente viaja a Nicaragua”, un traslado que está previsto para mañana lunes, el día que finaliza el plazo dado por el Gobierno panameño para que se acoja al salvoconducto.
Además, Martinelli enfrenta otras acusaciones en Panamá relacionadas con el escándalo de Odebrecht y en España por supuestos sobornos y por un caso de interceptación de comunicaciones en Mallorca.
El portavoz del exmandatario, Luis Eduardo Camacho, advirtió sin embargo a la prensa que no tenían conocimiento de esta alerta de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
“A mí me extraña que él (el director de la Policía) haya dicho que ha llegado una alerta”, afirmó Camacho en la puerta de la Embajada, ya que “los convenios internacionales especifican que a los asilados políticos” no les afectan, y dijo conocer “varios casos en donde la Interpol se ha negado a otorgar las alertas rojas que solicita algún organismo policial de un país, en virtud de que considera que el caso que genera la solicitud es un caso político”.
Por otro lado Camacho, que también es secretario general del Partido Realizando Metas (RM), fundado por Martinelli en 2021, repitió el protocolo de traslado el lunes de Martinelli al aeropuerto, cuando “al salir de esa puerta, él va a estar acompañado de la representante diplomática de Nicaragua y va a tener ahí afuera de esa embajada gente de los estamentos de seguridad, que lo van a escoltar a partir de ese momento”.
El portavoz subrayó que “en el momento que pone un pie afuera de esa embajada, la seguridad física, integralmente, de Ricardo Martinelli es responsabilidad del Estado panameño, hasta que aborde el avión y el avión despega”.
De acuerdo con Interpol, “la notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional”.
“Las personas son buscadas por el país miembro solicitante o por un tribunal internacional. Los países miembros aplican su propia legislación nacional para determinar si pueden detener a una persona”, detalla.
Ricardo Martinelli, de 73 años y con una amplia trayectoria empresarial, se refugió en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 tras confirmarse su condena de 10 años de prisión y una multa millonaria por el caso ‘New Business’, relacionado con la compra de medios de comunicación con fondos públicos.
El salvoconducto a Martinelli
El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó el jueves de forma sorpresiva que otorgaba un salvoconducto a Ricardo Martinelli por razones “humanitarias”, el cual tendría validez entre el 27 y el 31 de marzo.
Martinelli horas más tarde, a través de sus redes sociales, aceptó este salvoconducto para viajar a Nicaragua.
Este gesto a favor de Martinelli, que apadrinó al actual gobernante de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue su ministro de Seguridad y le llamaba “amigo” durante la campaña proselitista que lo llevó al poder en 2024, contrasta con la negativa del Gobierno anterior, liderado por Laurentino Cortizo (2019-2024), que se basó en convenios internacionales para rechazar el salvoconducto.
La estancia de Martinelli en la embajada ha generado controversia por su implicación en la política local y las adaptaciones hechas en la sede para sus necesidades personales.
