Una advertencia de inconstitucionalidad podría ocasionar que el juicio previsto para el próximo lunes 3 de junio, a 198 personas acusadas por la presunta comisión del delito de peculado a través del proceso de compensación de buses tipo diablo rojo, sea pospuesto para una nueva fecha.
La advertencia, presentada por el abogado Ángel Álvarez, en representación de José Castillo, fue presentada contra la frase “en cualquier momento” contenida en el artículo 36 de la Ley No. 14 de 26 de mayo de 1996, por medio de la cual se regula el transporte terrestre público de pasajeros y se dictan otras disposiciones.
El recurso alega que el citado artículo precisa que “la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) podrá cancelar, en cualquier momento, los certificados de operación o los cupos cuando se produzca la participación dolosa comprobada del transportista en algún delito, utilizando el transporte público de pasajeros.
Según el recurso, la citada norma viola los artículos 17, 18, 32, 40 y 64 de la Constitución, ya que permite a la ATTT cancelar el permiso de operación a un transportista en cualquier momento sin establecer un período específico desde la comisión del hecho, lo que podría extenderse de forma indefinida.
La advertencia sostiene que la falta de temporalidad de dicha frase viola el artículo 32 de la Constitución, en el que se establece que nadie será juzgado sin seguir los trámites adecuados y solo por autoridad competente, además de violar el derecho al trabajo plasmado en el artículo 64 de la Constitución, así como el artículo 17 de la Carta Magna que impone a las autoridades la obligación de proteger los derechos individuales de las personas.
Álvarez alega que dicha norma abiertamente inconstitucional, puede ser aplicada por la ATTT una vez el juzgado expida un fallo con relación a la participación o no de alguno de los procesados en el delito de investigado.
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales tiene previsto celebrar el próximo lunes el juicio a 198 personas por la presunta comisión del delito de peculado.
En la investigación −que se inició en el año 2010 a raíz de una denuncia presentada por el entonces ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu− se determinaron irregularidades en el manejo de fondos hasta por la suma de $24 millones para la compensación de buses diablos rojos.
A través del Auto Mixto No. 10 de 12 de diciembre de 2022, la juez Águeda Rentería llamó a juicio a 198 personas, declaró prescrita la acción penal para otras 337 investigados, sobreseyó a 25 personas a quienes se acusaba de estafa y falsificación de documentos.
La transición de los diablos rojos al sistema de Metrobus, proceso conocido como “Rescate Administrativo del Sistema de Movilización de Pasajeros”, se inició por parte de la ATTT el 31 de agosto de 2010, por la mala condición de la flota de buses que entonces prestaba el servicio, la gran cantidad de accidentes que se registraban y la deficiente atención al usuario.
