La abogada Ana Belfon admitió que durante su gestión como procuradora general de la Nación, entre los años 2013-2014, nunca investigó a la constructora Odebrecht, confesa de haber pagado sobornos a funcionarios y particulares panameños, por lo menos desde el año 2009.
“Yo no investigué ningún caso que tenga que ver con Odebrecht", aseveró Belfon, quien la mañana de este lunes 13 de noviembre acudió a la sede de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para buscar documentación sobre el tema y así "hablar con propiedad... Yo no recuerdo detalles".
Pero –según ella– en el Ministerio Público se le informó que para tener acceso a los documentos necesita contar con el poder de una de las partes. "Lamentablemente ni una de las partes me podrá dar poder, porque ahí no hubo caso. No se investigó a nadie. Se investigaron hechos y cuando se investigan hechos, no puede haber un pronunciamiento sobre ningún tipo de culpabilidad o de participación en ningún delito", dijo a los periodistas, cuando se retiraba del Ministerio Público.
Belfon contó que como procuradora abrió dos expedientes. Uno, con información que recibió de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) el 7 de noviembre de 2013 sobre transacciones y depósitos ligados al excónsul de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso Del Castillo, su hija Michele Lasso Barraza de López y la Fundación Don James, entre otros. Señala que la investigación nunca prosperó, dado que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) "no hizo ningún tipo de averiguación y los datos [que envió la UAF] se quedaron sin ser judicializados".
El otro expediente tiene su inicio en una denuncia que presentó Elizabeth Espinosa, apoderada de Eduardo Pino Quintero, sobre una publicación de abril de 2014 del Diario de Las Américas, de Miami, sobre el supuesto ingreso de "fondos ilícitos" a la entonces campaña del hoy presidente Juan Carlos Varela. Como consecuencia, la PGN reenvió el caso a la Asamblea Nacional, para que investigara a Varela, entonces vicepresidente de la República.
"En ninguno de los casos se investigó a ninguna persona. Se investigaron hechos y los hechos no guardaban relación con el caso Odebrecht", remarcó Belfon.
La operación Lava Jato, una de las investigaciones de corrupción más grandes de Brasil, fue dada a conocer en marzo de 2014, cuando se emitieron centenares de notificaciones y órdenes de conducción a directivos de empresas brasileñas, incluyendo Odebrecht.
En una audiencia celebrada el pasado 9 de noviembre ante el juez Duodécimo Penal, Óscar Carrasquilla, la fiscal Anticorrupción Zuleyka Moore informó que Belfon emitió una “resolución de archivo de la causa” a favor de Lasso y su hija Michele Lasso, por considerar que no había delito, lo que –a su juicio– impide reabrir el caso.
Lasso confesó haber recibido pagos por $700 mil de Odebrecht, a través de una sociedad denominada Klienfield Services, controlada por la constructora. Los pagos los recibió en cuentas en el Meinl Bank en Antigua, a nombre de las sociedades V-Tech LTD y Poseidon Enterprise LL.
Belfon considera que hubo un "error conceptual" de la Fiscalía Especial Anticorrupción, "en hacer algún tipo de aseveración con respecto a que esas averiguaciones guardaban algún tipo de relación o conexión con el caso Odebrecht".
Nedelka Díaz, abogada de Lasso, aseguró que entregaron al Ministerio Público copia de la investigación que realizó el Ministerio Público a Lasso y su hija Michele. También aportó copia de la investigación a Michele sobre evasión de impuestos en Estados Unidos a través de apuestas deportivas por internet en el año 2013, caso por el que fue condenada y deportada de ese país.
Díaz alegó que la investigación contra los Lasso fue producto de una venganza del entonces presidente Ricardo Martinelli, luego de la ruptura de la alianza gubernamental con Juan Carlos Varela, en ese momento vicepresidente de la República.
