Jueces de garantías del Primer Distrito Judicial concedieron cambios de medidas cautelares a cinco de los seis exmiembros de los estamentos de seguridad del Estado, que enfrentan un proceso por la presunta comisión del delito de tráfico ilegal de armas.
Durante una maratónica sesión de audiencias, que se inició a las 9:00 a.m. y que se extendió hasta las 8:15 p.m., los jueces de garantías concedieron cambios de medidas cautelares al exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López; al exdirector del Servicio Nacional Aeronaval Belsio González; al exdirector del Servicio Nacional de Fronteras Frank Ábrego, y al exdirector de la Autoridad Aeronáutica Civil Rafael Bárcenas.
A López se le retiro la medida cautelar de notificación periódica y solamente se le aplicó un impedimento de salida del país, en tanto que a González se le retiro la medida de arresto domiciliario por la de reportarse los días 13 y 27 de cada mes.
Mientras que a Ábrego también se le cambió la medida de detención domiciliaria por la de notificación los días 11 y 25 de cada mes.
En el caso Bárcenas se le retiro la medida de retención domiciliaria por la de reporte los días 15 y 30 de cada mes.
Así mismo, se le reemplazó la medida de retención domiciliaria al empresario Jack Betesh por la de notificación periódica los viernes de cada mes.
Al único que se le mantuvo la medida cautelar de detención domiciliaria fue al exdirector de la Policía Nacional Omar Pinzón.
El abogado de Pinzón, Rosendo Miranda, anunció recurso de apelación. Miranda había solicitado el cambio de medida cautelar por una menos severa.
El Ministerio Público estuvo representado en las audiencias por las fiscales Anabel Cedeño y Sandy Cedeño.
El fiscal a cargo de la llamada Operación Furia y de la investigación del caso, Emeldo Márquez, sostiene que los acusados están vinculados a la importación de armas de fuego, que terminaron en manos de particulares en tiempos de veda.
La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada sostiene que entre 2012 y 2019, exfuncionarios de los estamentos de seguridad del Estado y particulares introdujeron al país armas de fuego de forma ilegal.
Las armas, según la fiscalía, fueron introducidas a través de la empresa Aerotécnica de Panamá, entre 2012 y 2019 –con la anuencia de exfuncionarios–, a través de la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), del Ministerio de Seguridad Pública.
