El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales admitió los testimonios de los directivos de la empresa Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC) Avelino Acero, Julio Casla y Eugenio Del Barrio para ser evacuados en el juicio al exministro Federico Suárez y otras ocho personas por presunto peculado en el diseño y remodelación del Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.
Las declaraciones de los directivos de FCC son fundamentales para la Fiscalía, ya que durante la investigación, Casla y Del Barrio aseguraron que su exjefe inmediato Avelino Acero se reunió en su momento con Federico Suárez, quien le comunicó que para que el Estado cancelara deudas de proyectos anteriores al quinquenio 2009-2014 debían pagar una “comisión” del 10% y que ese mismo porcentaje sería aplicado a nuevos proyectos que se adjudicaría a empresas grandes como FCC y Odebrecht.
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En su declaración rendida en la Embajada de España en el año 2019 Del Barrio relató que los pagos se canalizaban a través de la sociedad Arados de Plata y que el destino de los fondos era decidido por el expresidente Ricardo Martinelli (quien no está procesado en este caso).
Del Barrio relató que durante una reunión celebrada en la Presidencia de la República en el año 2012, el propio Martinelli le indicó que el nuevo intermediario para los pagos sería Ricardo Francolini, quien reemplazaría a Federico Suárez como ministro de Obras Públicas.
En su declaración Del Barrio sostiene que el encargado de realizar la coordinación de la entrega de los dineros era el abogado Mauricio Cort, quien mantenía buenas relaciones con miembros del gobierno en ese momento.
Mientras que Julio Casla alegó que el pago del 10% en “comisión” de los contratos alcanzados con el Estado era una obligación impuesta durante el mandato de Martinelli.
Los exdirectivos de FCC puntualizaron que en reuniones celebradas en las oficinas de Odebrecht en Torres de Las Américas asistieron representantes de todos los consorcios que supuestamente competían para hacerse con licitaciones.
Y que en la primera reunión se acordó el reparto de megaproyectos, como la cinta costera III, los viaductos de Vía Brasil, los proyectos de renovación de Patrimonio Histórico y la ampliación de la vía Domingo Díaz.
Otras de las pruebas admitidas es una solicitud a Universidad Tecnológica para que aporte detalles sobre un informe de viabilidad del proyecto de Patrimonio Histórico.
Para el juicio, a realizarse el próximo 10 de abril, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales admitió la evacuación de 45 pruebas testimoniales, 28 pruebas documentales, 11 periciales y 10 de oficio solicitadas por el propio juzgado.
Este juicio, que estaba programado para el pasado 21 de marzo, fue suspendido, luego que algunos defensores objetaron el auto de pruebas expedido por el juzgado.
El Ministerio Público también mantiene procesos por la presunta comisión del delito de peculado por la construcción y remodelación del viaducto vía Brasil tramo I, viaducto vía Brasil tramo II, la vía Domingo Díaz, proyectos en los que participaron las empresas FCC y Odebrecht.
El proyecto de preservación del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá tuvo un sobreprecio de $51.4 millones, según la investigación del Ministerio Público.
Entre los llamados a juicio por este caso también figuran el exministro de Obras Públicas Federico Suárez, Mauricio Cort, Jorge Ruiz, Juan Manuel Vásquez, Leo Emilio Hallpen, Héctor Castillo, Sergio Fernando Del Sour y Marcelo De La Rosa.
Ricardo Martinelli, aunque no está procesado por este caso en Panamá, sí está siendo investigado en España por el presunto pago de “comisiones” a FCC.
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