Funcionarios de varias entidades públicas y hasta militantes de partidos políticos figuran entre las 11 personas investigadas por la presunta comisión de delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales que fueron detectados durante la denominada Operación PTY, adelantada por la Fiscalía de Drogas desde el 14 de marzo de 2022.
Entre los aprehendidos figuran Rubianesa Baker Costarelos, quien hasta este miércoles ocupaba el cargo de asistente técnico en el Ministerio de Gobierno. También figuran Aylín Ortega, funcionaria del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes); la contadora Margarita García, quien labora en el Ministerio de Educación (Meduca); y Yasmina Almengor que labora en la Junta Comunal de Mateo Iturralde.
Este jueves por la noche, el juez de garantías Manuel Lezcano legalizó la aprehensión de los 11 investigados por la fiscalía, al señalar que no hubo violación de las garantías fundamentales de los indiciados y que el Ministerio Público presentó elementos indiciarios para adelantar una investigación.
Durante la audiencia el juez Lezcano acogió la solicitud del fiscal de drogas Joseph Díaz, quien alegó que los investigados están ligados a un estructura criminal liderada por Ezequiel Alarcón (alias Zequi) y Jorge A. Zurita, que supuestamente se dedicada al movimiento de droga procedente de Colombia y a la legitimación del dinero producto de esta actividad.
Díaz también logró que el juez Lezcano validara una serie de diligencias de allanamientos, vigilancia y seguimiento, entre los que se encuentran el que se realizó en The Reserve, en el complejo residencial de lujo Santa María, Costa del Este, donde fue detenido Alarcón.
Según la fiscalía, la red criminal usó salones de belleza, cevicherías, locales de estéticas y la compra de inmuebles para el blanqueo del dinero.
Por su parte, Ángel Álvarez, abogado defensor de Alarcón, aseguró que la policía y la fiscalía violaron la presunción de inocencia de su cliente al colgar en las redes sociales fotos y vídeos de su arresto.
También los abogados defensores Nadia Castillo, Miguel Ángel Montero y Samuel Duque advirtieron que la fiscalía no logró presentar una adecuada sustentación de la vinculación de sus clientes con el supuesto ilícito cometido por lo que se debió desestimar su aprehensión.
El juez Lezcano decretó una receso hasta mañana mañana a las 9:00 a.m. cuando la fiscalía deberá presentar la imputación de cargos y la solicitud de medidas cautelares para cada uno de los investigados.
