El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales declaró la prescripción de la acción penal en el caso Buko Millonario, donde se señala a Ricardo Alberto Martinelli Linares, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias en perjuicio de la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La información aparece en el mural del juzgado bajo el edicto 1373 del 18 de octubre.
La decisión fue tomada por el juez adjunto del juzgado, Fernando Basurto, y además ordena el archivo del expediente y que se levanten las medidas cautelares impuestas a los investigados en este caso.
Entre los otros investigados se encuentran el exministro del MEF, Frank De Lima, Omar Chen, Gabriel Fernández De Marco, Luis Icaza, Jackelie Chan, Egbert Wright y Giselle Brea Rodríguez.
Origen del proceso
El Ministerio Público inició el caso en abril de 2015. La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, que estaba a cargo de la fiscal Ruth Morcillo, abrió la investigación tras una denuncia anónima.
Según la denuncia, los directores de la empresa gestora del bingo televisado Grupo de Inversión Mundial, S.A., (GIM) se asociaron con Martinelli Linares para que, a través de su “poder político”, se les concediera la concesión para el bingo.
Según las pesquisas, a Martinelli Linares se le asocia con la inmobiliaria San Cristóbal Ltd., supuestamente tenedora del 55% de las acciones de GIM.
Contrato
La empresa y el Estado firmaron un contrato de concesión el 7 de julio de 2011, pero no fue sino hasta 2013 cuando comenzaron las operaciones.
Un requisito para lograr la concesión era presentar las certificados de idoneidad y consentimiento de sus directores.
El numeral 4 del artículo 71 de la Ley 2 de 1998, que reestructuró la JCJ, le señala al solicitante la obligación de entregar “los nombres de los accionistas de la persona jurídica”.
Grupo de Inversión Mundial, S.A., ciertamente presentó las credenciales de sus directores: Jackeline Chan de Watson, Danivia González y Egbert Agustín Wright.
Las acciones de la empresa fueron “al portador” y por lo tanto se desconocía quiénes eras los beneficiarios finales.
En su momento, Grupo de Inversión Mundial, S.A., se defendió y aseguró que la información de tales beneficiarios reposaba en la JCJ.
Pero cuando Eric Ríos asumió la dirección de la JCJ en 2014 reveló que la empresa nunca presentó en qué consistía su composición accionaria de forma correcta.
