Juez imputa cargos a cuatro personas por venta ilegal de bosques en Darién

Juez imputa cargos a cuatro personas por venta ilegal de bosques en Darién
Un juez de garantías imputó cargos a cuatro personas por el delito de blanqueo de capitales y el medio ambiente por la venta de 1,500 hectáreas de bosques en Darién,.


Un juez de garantías de la provincia del Darién ordenó la detención provisional para una persona y aplicó la medida cautelar de reporte periódico para otras tres, a quienes imputó cargos por presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y blanqueo de capitales.

+info

Ministerio Público investiga red criminal que titula tierras en DariénPanamá suspende licencias de aprovechamiento forestal en bosques de Darién por tala ilegal

Estos delitos están vinculados a la venta ilegal de unas 1,500 hectáreas de bosques naturales en la provincia del Darién.

Durante una audiencia realizada ayer en la provincia del Darién, el juez de garantías también ordenó la incautación de $194,461 a uno de los imputados, cantidad que se presume es parte del dinero obtenido por la venta ilegal de los terrenos. Además, se ordenó a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) la paralización de todos los trámites relacionados con los terrenos vendidos de manera ilegal.

En este caso, los fiscales de la sección primera de investigación y ambiente, Yilena Marín y José Luis Lorenzo, alegaron que las irregularidades en la venta de las tierras se remontan al año 2014, cuando se produjeron las primeras transacciones para la venta de terrenos en los distritos de Chepigana y Santa Fe, en la provincia del Darién.

Según las investigaciones, los imputados contactaban a potenciales compradores a través de internet, simulando que se trataba de tierras para desarrollo agrícola, cuando en realidad eran bosques vírgenes que no les pertenecían. Los fiscales afirmaron que durante las pesquisas se logró establecer que los pagos por los terrenos se realizaron mediante transferencias internacionales.

Durante las pesquisas, la fiscalía realizó una inspección en la Anati y el Registro Público para verificar la existencia de los terrenos y determinar si estos mantenían títulos de propiedad o si eran terrenos ubicados en áreas protegidas.


LAS MÁS LEÍDAS