La jueza de garantías Ninoska Montero imputó cargos por el delito de blanqueo de capitales a siete personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público (MP), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y dos abogados. Se les acusa de la presunta comisión de este delito a través de la adjudicación de contratos para la introducción de sustancias químicas mediante la Unidad de Control de Químicos del MP.
En una audiencia que inició a las 11:00 a.m. de este miércoles 27 de noviembre de 2024, la jueza de garantías concedió a la fiscalía un plazo de seis meses para concluir la investigación.
La investigación
Según las investigaciones, funcionarios de la Unidad de Control de Químicos del MP y abogados establecieron una red criminal para captar fondos de manera ilícita y legitimarlos mediante compras y servicios ficticios, obteniendo con ello beneficios económicos.
Este grupo fue desmantelado durante la segunda fase de la operación Alquimia, cuya investigación se inició en 2022. La fiscalía reveló que los funcionarios de la Unidad de Control de Químicos conocían las irregularidades en la contratación realizada para el suministro de los químicos.
Como parte del proceso, la fiscalía presentó cargos contra siete personas, incluidos funcionarios y exfuncionarios del MP y del Imelcf, además de dos abogados. A todos se les acusó de haber obtenido ganancias ilegales mediante la aprobación y adjudicación de un contrato por la suma de $114,976 a la empresa Transporte y Logística de Panamá para la introducción y transporte de sustancias químicas controladas.
La audiencia
Durante la audiencia, la fiscal contra la delincuencia organizada, Dania Michel Bonome, presentó como evidencia contundente la declaración rendida por Luz González, detenida durante la primera fase de la operación realizada en febrero pasado, quien alcanzó un acuerdo de colaboración.
La fiscalía sostuvo que en su declaración, González, quien fungía como coordinadora de la Unidad de Control de Químicos, detalló que entregó fuertes sumas de dinero a funcionarios que laboraban en dicha entidad. Además, relató que se creó una empresa de fachada denominada Regena S.A., a través de la cual se depositaron $5,000 bajo el concepto de una consultoría ambiental. Sin embargo, esta consultoría nunca se realizó, y los fondos provenían de la contratación para el suministro y transporte de sustancias químicas.
Como parte de las medidas cautelares, la fiscalía ordenó la congelación de las cuentas bancarias de los funcionarios y exfuncionarios implicados en la red dedicada al blanqueo de capitales con fondos provenientes de la corrupción.
Tras la presentación de los cargos, los imputados solicitaron, a través de sus abogados, llegar a un acuerdo de pena con la fiscalía, de 40 y 48 meses de prisión, bajo la condición de devolver el dinero en un plazo de cinco días. La jueza de garantías decretó un receso hasta el próximo 6 de diciembre.
En febrero de 2024, un juez de garantías imputó a Luz González y a Abraham Ortega por el delito de blanqueo de capitales, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectara una serie de transacciones y movimientos bancarios irregulares en sus cuentas. Este informe fue remitido al Ministerio Público, que inició las investigaciones y descubrió que varios funcionarios de la Unidad de Control de Químicos habían recibido transferencias de dinero desde cuentas relacionadas con González y Ortega.
