Magistrado presidente José Ayú Prado incumple la ley de carrera judicial

Sectores de la sociedad civil denunciaron que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, “actuó al margen de la ley” tras admitir que los nombramientos de funcionarios que laborarán para el sistema penal acusatorio (SPA), que entrará en vigencia el 2 de septiembre próximo en el Primer Distrito Judicial, se hicieron sin los requerimientos de la Ley 53 de 2015, de Carrera Judicial.

Ayú Prado justificó ayer que el pleno de la CSJ efectuó casi 300 nombramientos de jueces y magistrados que laborarán en el SPA, porque no se asignaron los recursos para implementar la carrera judicial.

No obstante, según sectores ligados al ámbito judicial, en 2015, el Ejecutivo asignó $10 millones para implementar la carrera judicial, pero, con el aval de Ayú Prado, los fondos fueron transferidos para cubrir los gastos de la planilla del SPA.

Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, indicó que lo actuado por Ayú Prado es “alarmante”, ya que se trata de nombramientos hechos al margen de la ley y que pueden ser objeto de una demanda.

En tanto, Annette Planells, del Movimiento de Independientes, dijo que es inadmisible que Ayú Prado utilice como excusa la falta de presupuesto para no cumplir con la carrera judicial.

La diputada independiente Ana Matilde Gómez, representante del Legislativo en la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, aseguró que Ayú Prado tenía que acudir a la Asamblea a pedir un traslado de partida para implementar la carrera judicial, que exigía los concursos para que los funcionarios nombrados en el SPA cumplieran con ciertos perfiles.

LAS JUGADAS DE AYÚ PRADO Y EL SPA

Las decisiones que ha tomado el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, para el nombramiento de los funcionarios que laborarán en el sistema penal acusatorio (SPA), que entrará en vigencia en el Primer Distrito Judicial a partir del 2 de septiembre, a juzgar por lo que han dicho representantes de la sociedad civil, parecen haber sido calculadas.

La fórmula, según este análisis, consiste en descapitalizar la ley de Carrera Judicial para hacer los nombramientos a dedo y de esta manera favorecer a varios de sus subalternos, además de utilizar millones de dólares para sufragar la planilla de estas designaciones.

Ayú Prado admitió ayer que la selección y nombramiento de los funcionarios, que a partir del 2 de septiembre laborarán en el SPA, no se efectuaron siguiendo lo establecido en la Ley 53 de 2015 que creó la Carrera Judicial.

“Lamentablemente no se ha podido hacer, porque para la carrera judicial no se asignó ningún recurso, por lo cual no se pudo nombrar a nadie en los cargos y posiciones de infraestructura que tenían que dedicarse a hacer las convocatorias, entrevistas, análisis y evaluaciones de personal y todo el procedimiento que tiene que ver con la carrera, porque se asignó cero presupuesto a la carrera judicial”, afirmó el presidente de la CSJ.

Lo que no dijo el magistrado fue que, en 2015, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le aprobó una partida de $10 millones para implementar la carrera judicial; sin embargo, con su aval este fondo fue transferido para ser utilizado en sufragar los salarios en el SPA.

Por eso, representantes de la sociedad civil, que le han dado seguimiento al desempeño de la administración de justicia, insisten en que la jugada fue casi perfecta: no implementar la carrera judicial y utilizar los recursos para los nombramiento en el SPA.

La ley de Carrera Judicial indica que los primeros concursos generales de la carrera judicial debieron haber sido convocados en abril de 2016, ocho meses después de la promulgación de la norma, que se hizo efectiva el 27 de agosto de 2015.

De igual manera, la norma señala en su artículo 308 que los nombramientos de los integrantes de los consejos de Administración de las distintas carreras, así como el Tribunal, la Unidad de Investigación y la Defensoría de Integridad y Transparencia deberán realizarse dentro de los seis meses siguientes a la promulgación de la norma.

Estos plazos no fueron cumplidos por el Judicial, a cargo de Ayú Prado.

Sectores de la sociedad civil como el Consejo Judicial, la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, la Alianza Ciudadana Pro Justicia y el Colegio Nacional de Abogados denunciaron que Ayú Prado violó la ley de Carrera Judicial para hacer los nombramientos en el sistema penal acusatorio a dedo.

¿Qué mecanismo, entonces, usó Ayú Prado para los nombramientos en el SPA?

El magistrado aseguró que para la selección de los funcionarios se usó un mecanismo implementado en la Corte en 2012 y 2015.

La CSJ anunció que un total de 292 funcionarios, entre jueces de garantías de juicio oral, cumplimiento y comarcales, defensores del imputado y de la víctima, fueron nombrados interinamente por el pleno de la Corte para laborar en el SPA a partir del próximo mes.

No se pudo conocer detalles del mecanismo utilizado por el pleno para los nombramientos, ya que desde enero de este año la CSJ declaró confidenciales y, por lo tanto, de acceso restringido las actas del pleno de los magistrados.

El magistrado explicó que, posteriormente, todos los funcionarios seleccionados para el SPA que no hayan logrado sus puestos por concurso, deben someterse a este proceso cuando se haga la convocatoria.

CUESTIONAN NOMBRAMIENTOS

El procurador de la Administración, Rigoberto González, quien preside la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, anunció que pedirá hoy al magistrado Ayú Prado una explicación del porqué no se utilizó los parámetros de la ley de Carrera Judicial para efectuar los nombramientos en el SPA.

Carlos Lee, presidente del Consejo Judicial y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, advirtió que Ayú Prado al admitir que obvió la Carrera Judicial, los nombramientos que hizo la CSJ para el SPA están al margen de la ley y pueden ser objeto de una demanda legal.

Indicó que no es excusa de que no había dinero para implementar la carrera judicial, ya que el Órgano Judicial debió prever en su presupuesto los gastos que se tenía para el año en curso.

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), consideró inadmisible usar como excusa para no cumplir con la ley de Carrera Judicial la falta de presupuesto.

A la vez, detalló que si bien es cierto que el MEF les recortó parte del presupuesto para la vigencia 2016, es responsabilidad directa de la Corte, especialmente de su presidente, la distribución del presupuesto aprobado, además que pudieron haber sustentado la necesidad de cumplir con la ley.

PIDE MÁS PLATA; TODO ESTÁ LISTO

Ayú Prado informó ayer que el MEF le aprobó otra transferencia de partida de $9.5 millones, que serán usados para el nombramiento del personal que laborará en el SPA. La partida será transferida del crédito de $20 millones que le asignaron al Órgano Judicial.

Los salarios de los casi 300 funcionarios, cuyos nombramientos salieron publicados el viernes 29 de julio pasado en la web del Órgano Judicial, se estima que oscilan entre los $4 mil y $6 mil mensuales. La planilla anual sumaría unos $15 millones.

Además, serán nombrados en las próximas semanas otros 626 servidores del SPA, que devengarán salarios por otros $6.5 millones más. En total, la puesta en marcha del SPA en el Primer Distrito Judicial destinará a este rubro $21.5 millones anuales.

Ayú Prado se jactó de que con la transferencia que le aprobó el MEF -que solo falta ser avalada por la comisión de Presupuesto- tiene garantizado los recursos para sufragar los salarios de los nombramientos para el SPA.

Indicó que, el lunes pasado, el MEF le comunicó que revisaron toda la documentación de los nombramientos y que ahora solo falta el visto bueno de la Contraloría General de la República.

SUBALTERNOS, ENTRE LOS NOMBRADOS

Del listado de nombramientos de funcionarios para el SPA se desprenden varios subalternos y exfuncionarios vinculados a Ayú Prado.

Frank Torres Ruiz fue designado como juez de garantías. Laboró como fiscal decimotercero cuando Ayú Prado fungió como procurador de la Nación.

Torres Ruiz fue el fiscal que le tomó la declaración indagatoria a la exempleada de la casa de valores Financial Pacific (FP) Mayte Pellegrini, en la que ella se retractó de las acusaciones al expresidente Ricardo Martinelli sobre la existencia de una cuenta denominada High Spirit, que supuestamente era del expresidente y presuntamente se utilizaba para manipular el mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla.

Giovaninna Antinori, coordinadora del despacho de Ayú Prado, fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá.Trascendió que entre los nombramientos hay funcionarios de la mayoría de los despachos de la CSJ.

Los aspirantes a estos cargos pasaron por un periodo de entrevistas que se hicieron del 23 de mayo al 17 de junio de este año. La juramentación y toma de posesión de los funcionarios se están efectuando desde ayer hasta el 12 de agosto próximo.

CAPACITACIÓN, LO IMPORTANTE

Recientemente, el embajador de Estados Unidos (EU) John Feeley, uno de los diplomáticos que ha respaldado la puesta en marcha del SPA en Panamá, destacó que un aspecto de importancia para el éxito del sistema es invertir en la capacitación de los funcionarios y la infraestructura.

Feeley dijo que el SPA es importante para los sistemas democráticos, porque es rápido, transparente y garantista.

El diplomático explicó que es rápido, porque en 24 horas el imputado tiene que estar frente a un juez. Transparente, porque las decisiones se toman con todas las partes presentes; y es garantista, porque los derechos del acusado son la parte esencial del sistema.

El SPA se completará en todo el país con la entrada en vigor en el Primer Distrito Judicial, que comprende Panamá, Panamá Oeste, Colón Darién y las comarcas indígenas.