El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales rechazó un recurso que presentó Importadora Ricamar, S.A., dentro del proceso que se le sigue por los sobornos que la constructora Odebrecht confesó haber pagado a funcionarios y políticos panameños.
Se trata de un incidente de controversia promovido por Shirley Castañeda, abogada de Importadora Ricamar, contra la diligencia No. 10 del 28 de septiembre de 2020, que ordenó la indagatoria de Alejandro Garuz Adames, quien en ese momento figuraba como representante legal de dicha empresa.
La juez Baloisa Marquínez declaró no probado el incidente de controversia, el pasado 13 de enero de 2022. Las partes fueron notificadas a través de un edicto, fijado el 18 de enero.
Importadora Ricamar (razón social de la cadena Súper 99) está en la lista de imputados a quienes la Fiscalía Especial Anticorrupción pide llamamiento a juicio, por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. Es la única persona jurídica en la lista de imputados. La audiencia preliminar del caso está agendada para el próximo 18 de julio.
La fiscalía investigó a Importadora Ricamar, dado que recibió dineros de Odebrecht a través de la sociedad Caribbean Holding Services, Ltd., de Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Martinelli y sus dos hijos, así como Mizrachi, están en la lista de imputados. Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, incluso, ya aceptaron haber recibido sobornos de Odebrecht, razón por la que están actualmente detenidos en Nueva York; en mayo se les dicta sentencia.
En septiembre de 2020, Mizrachi le contó a los fiscales que en 2009, en plena carrera por la Presidencia de la República, Martinelli le contactó para que recibiera una donación de $4 millones de Odebrecht, para su campaña. La primera donación llegó el 13 de enero de ese año. Según la investigación, ese fue solo el principio de muchas otras donaciones.
Mizrachi justificó su participación alegando que en esa época Odebrecht gozaba de “buena reputación”. No obstante, ya entonces Martinelli basaba su estrategia de campaña atacando la corrupción, para lo que llegó incluso a rebautizar la cinta costera -la obra insigne de Odebrecht en el gobierno perredista de Martín Torrijos (2004-2009)- como la “cinta coimera”.
El dinero era transferido por Odebrecht a través de sociedades controladas por su División de Operaciones Estructuradas (la oficina a través de las cuales se canalizaban las coimas). Mizrachi declaró que todo el dinero que Caribbean Holding recibió de Odebrecht, lo depositó a su vez en las cuentas de Importadora Ricamar, S.A., y que el beneficiario directo era su cuñado.
La fiscalía intentó indagar al expresidente, pero éste se acogió al artículo 25 de la Constitución, que le exime de declarar contra sí mismo. También invocó el principio de especialidad del tratado de extradición pactado entre Estados Unidos y Panamá, pero Estados Unidos (que lo extraditó en 2018) alegó que dicho principio ya no le era aplicable.
Alejandro Garuz Adames es cuñado de Luis Enrique Martinelli. Aunque él figuraría como representante legal de Importadora Ricamar, en una de las cuentas bancarias de esa empresa en Global Bank, sus beneficiarios finales son identificados como Ricardo Martinelli Berrocal (más del 60%); Marta Linares de Martinelli (10%); Mario Martinelli Berrocal (10%); Gloria Berrocal de Martinelli (2%), yCarolina, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares (4.4% cada uno).
Luis Eduardo Camacho, vocero de Martinelli, negó que la juez Marquínez rechazó el recurso presentado por Importadora Ricamar, y advirtió que los medios digitales que divulgaron esa información “recibirán lo suyo”.
