El Colegio Nacional de Abogados (CNA) rechazó los planteamientos hacia los servicios legales que se prestan desde la República de Panamá y el papel de los abogados panameños, para “simular” actividades ilícitas o ser de alguna manera partícipe o cómplice de situaciones que “cada país tendrá que esclarecer”. Así lo manifestó Juan Carlos Araúz, presidente del CNA, en una conferencia de prensa efectuada este lunes 4 de octubre de 2021.
Sus declaraciones surgen luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicara el domingo 3 de octubre la investigación Pandora Papers, sobre cuentas y sociedades en unas 30 jurisdicciones, incluyendo Panamá, supuestamente usadas para esconder dinero y evadir el pago de impuestos.
“La abogacía panameña, por más de 94 años, ha ofrecido los servicios corporativos de forma legítima, como auxilio al comercio mundial”, expresó Araúz.
Según Araúz, el cuestionamiento que se hace a través de los Pandora Papers no atiende a la realidad con la cual los servicios legales se han establecido, que se han ido adecuando a los tiempos y fortaleciéndose “en la medida de las regulaciones aplicables en cada época”.
De igual forma, el CNA “censuró” el uso de información no destinada para el público como el punto de partida de un “supuesto reproche” hacia individuos o personas, a lo largo y ancho del mundo, en relación a conductas que cada quien tendrá que responder en un momento determinado, indicó el presidente de esta organización.
Araúz dijo también que la obtención de los datos que salieron en la investigación atenta contra el estado de derecho y todas las estructuras de los países donde se resguarda que los abogados y clientes tienen una “sagrada protección”, que solo puede ser sufrir rupturas a causa de una autoridad judicial competente.
“Lo que la abogacía organizada en Panamá no puede permitir es que los servicios legítimos creados y ofrecidos a lo largo de 94 años queden en entredicho, justamente por la falta de acuciosidad con la que se presenta una información que pretende simular como si en la República de Panamá los abogados fuésemos aliados de conductas ilegales”, afirmó.
Los documentos revelados involucran –según ICIJ– a por lo menos 336 políticos de 90 países.
Los 336 políticos se reparten entre 12 firmas, entre las que hay varias panameñas. 161 serían clientes de la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) y 97 a Trident Trust. El resto se reparte así: Asiaciti Trust (25), OMC Group (21), SFM (18), DADLAW (17), Alpha (11), Fidelity (10), AABOL (8), Commence BVI (4), Cititrust (3) y GDG (2).
Alcogal y OMC Group (Overseas Management Corporation) son panameñas.
