La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) practicará una inspección ocular en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), entidad a cargo de Bernardo Meneses, como parte de las diligencias por la denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño por los auxilios económicos otorgados a familiares de políticos del Partido Revolucionario Democrático y otros.
En una nota firmada por Orlando Castillo, director encargado de la Antai, se detalla que la diligencia se realizará luego de que el Ifarhu se negara a entregar la información requerida por la autoridad, sobre la asignación de los recursos a favor de 13 personas.
Meneses negó la información alegando normas contenidas en la Ley 81 de 2019, sobre protección de datos personales, en la Ley 6 de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, y la Ley 33 de 2013, que creó la Antai.
Manifestó que en la documentación de los expedientes que le solicita la Antai, hay datos personales tanto de los estudiantes como de su núcleo familiar. Por ejemplo, nombre completo, copia de la cédula de identidad personal, montos desembolsados y a desembolsar, dirección residencial, números de cuentas bancarias, dirección de correos electrónicos, calificaciones y datos médicos, entre otros.
En la nota de la Antai, se informa que el Ifarhu les notificó que sus instalaciones se encontraban abiertas para realizar cualquier tipo de diligencia.
“Por razones de hecho y derecho, consideramos no viable hacer entrega de copias autenticadas de los 13 expedientes, cuyo tratamiento está limitado para fines de esta administración por sus titulares; no obstante, como conocedores del contenido del artículo 18 de la Ley 81, hacemos de su conocimiento de manera general, el carácter de dato confidencial, personal y sensible que contienen tales expedientes”, aseguró Meneses en una carta enviada a la Antai.
El escándalo
El pasado 27 de octubre, la Antai admitió la denuncia presentada por Cedeño, luego de que saliera a la luz pública que familiares de políticos habían obtenido costosos auxilios económicos para estudiar en el exterior. En la lista están, por ejemplo, el hijo del diputado Roberto Ábrego, quien recibió un auxilio por $190 mil; Kathy Ramos, directora de Género de la Asamblea Nacional, a quien le otorgaron $15 mil; la hija de la diputada Zulay Rodríguez ($61 mil); la hija del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay ($81 mil), y la expareja del diputado independiente Juan Diego Vásquez ($99 mil), entre otros.
Silencio de las autoridades
El hecho ocasionó el repudio ciudadano. Múltiples voces solicitaron la renuncia de Meneses. Sin embargo, hasta ahora se desconocen las medidas encaminadas para cambiar el rumbo de la política de becas y auxilios económicos del Gobierno.
En medio del escándalo, el 24 de octubre pasado, el Consejo Nacional del Ifarhu se declaró “en sesión permanente”. El propósito era establecer recomendaciones, ejecutarlas y dar seguimiento a los trámites de la gestión que desarrolla la institución, pero se desconoce a qué acuerdos llegaron.
Otro que tampoco se ha pronunciado sobre el tema es el contralor Gerardo Solís, pese a que su institución es la encargada de refrendar los pagos.
La fiscal de Cuentas, Waleska Hormechea, envió una carta a Solís en la que le recuerda que la Contraloría tiene facultades para realizar inspecciones e investigaciones con el propósito de determinar la “corrección e incorrección” de las operaciones que afectan patrimonios públicos y en este caso, “presentar las denuncias respectivas”.
