La audiencia preliminar por los sobornos que pagaron contratistas del Estado a funcionarios de la administración 2009-2014 ya tiene fecha: del 11 de noviembre al 18 de diciembre, en la Sala de Audiencia del Juzgado 18, ubicado en el edificio 725 en Ancón.
La investigación denominada Blue Apple, realizada por la Fiscalía Sexta Anticorrupción, dejó al descubierto un esquema de corrupción que involucró a contratistas del sector privado, abogados, banqueros y exministros de Estado y que usó el sistema bancario para blanquear dinero proveniente de sobornos.
Tras la investigación, que se prolongó más de dos años, la fiscalía solicitó llamar a juicio a 52 de las 58 personas imputadas.
Asimismo, pidió sobreseer definitivamente a Ana Mercedes Briones Tejada y de manera provisional a Juan Carlos Marciaga, Rosa Jiménez Sánchez, Jorge Ford Hernández y Fernando Céspedes García, todos por blanqueo de capitales.
La fiscalía también recuperó 33 millones de dólares.
La investigación concluye que la lesión patrimonial ocasionada al Estado alcanzaría los $78.3 millones.
Este proceso fue abierto en septiembre de 2017, luego de que se detectara una sociedad “canasta” creada, presuntamente, con el fin de recibir sobornos pagados por contratistas del Estado a cambio de agilización de pagos por proyectos asignados entre 2009 y 2014.
Por este caso, el Ministerio Público requiere a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.
Después del caso Odebrecht, Blue Apple es tal vez la investigación ligada a corrupción a nivel local, más grande de los últimos años. En esta trama, los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados dejaron al descubierto la amplia participación de funcionarios, empleados de bancos, y allegados a la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) para presuntamente apropiarse de dineros del Estado.
Una de las declaraciones más contundentes del caso fue la que dio Juan Alexis Rodríguez, de la Constructora Rodsa S.A. quien reveló que el exadministrador de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Jorge Churro Ruiz, le planteó una propuesta verbal para agilizarle trámites en el MOP: órdenes de pagos, planos, y otros. A cambio, de acuerdo a Juan Alexis Rodríguez, debía pagar entre el 6% y 8% del monto del contrato. Los desembolsos se harían en distintos pagos entre seis y ocho meses.En su acuerdo de colaboración, Juan Alexis Rodríguez aportó a la fiscalía copias de cheques por la suma de $280 mil 517, $640 mil 973, y $1.9 millones, fechados en febrero de 2014 a favor de la Corporación de Energía del Istmo, por contratos que Rodsa se había ganado con el MOP.
Rodríguez reveló los nombres de varios principales protagonistas de la trama: Joaquín Rodríguez Salcedo, exgerente de la empresa Factor Global Inc, quien según dijo, era el que gestionaba las facturas y los pagos. Y Federico Barrios Alaín, representante legal, presidente, tesorero y firmante de varias cuentas de la sociedad Blue Apple.
Joaquín Rodríguez Salcedo vinculó al exministro de Obras Públicas Federico Suárez con el esquema, al señalar que cuando Churro Ruiz dejó de ser director de contratos del MOP, el entonces ministro lo contactó y le informó que los trámites que se estaban haciendo con los contratistas, debía seguirlos validando Ruiz.
Mientras que Jaime Ford, exviceministro de Vivienda, y exministro de Obras Púbicas, es vinculado al proceso a raíz de una declaración que dio Julián París, uno de los dueños de Conceptos y Espacios. Señaló que se le acercó a Ford cuando este era viceministro de Vivienda, para gestionar un contrato, pero que este le manifestó que para adjudicárselo tenía que hacer un pago a través de Blue Apple. Contó que después, Ford le informó que los pagos se le podían hacer a través de propiedades y, según dijo, de esta manera el exfuncionario habría adquirido bienes en La Chorrera, el Casco Antiguo, y en el barrio de San Francisco, en la capital.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción remitió la vista fiscal de este caso al Juzgado Decimoctavo Penal, solicitando el llamamiento a juicio de 52 de las 58 personas imputadas por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción, y falsificación de documentos.
