La CIDH pidió a Panamá garantizar el derecho a un medio ambiente sano

Defensores de comunidades indígenas y campesinas sentaron al Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el jueves 29 de febrero pasado, en una audiencia titulada “‘Impacto de empresas en los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas”.

La audiencia fue solicitada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Movimiento por la Defensa de los Territorios de Bocas del Toro (Modeteab) y el Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), en el marco del 189º período de sesiones de la CIDH. Fue presidida por Carlos Bernal Pulido, quien estuvo acompañada por los comisionados Christopher Arif Bulkan, Gloria de Mess y el relator especial Javier Palummo Lantes.

Las organizaciones apuntaron al Estado por la falta de escucha, por no hacer cumplir la ley y, con eso, avivar violaciones de los derechos humanos en tres proyectos desarrollados por empresas agroindustriales y energéticas. “Panamá permite que intereses privados violen las leyes y las normas internacionales, acaparando tierras y causando graves perjuicios a la salud y al bienestar de la población”, dijo Feliciano Santos, de Modeteab.

Durante el encuentro, abordaron los desarrollos de la hidroeléctrica Barro Blanco, de empresas dedicadas al cultivo de piña en La Chorrera y las preocupaciones por la construcción de la cuarta línea de transmisión eléctrica entre Panamá y Bocas del Toro.

Tras escuchar a los referentes de las comunidades y del Estado, representado por miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE), la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, entre otros, Palummo Lantes recordó al gobierno de Panamá que “tanto los Estados como las empresas deben respetar el derecho humano a un medio ambiente sano, al uso sostenible y conservación de los ecosistemas (...), poniendo atención a las comunidades”.

La CIDH, además, solicitó al gobierno información sobre los procesos de consulta previa, libre e informada. También exhortó a Panamá a establecer mecanismos para proteger a indígenas y defensores del medio ambiente y prevenir su intimidación.

Los casos

“¿Cómo nos impactó esta hidroeléctrica?”, arrancó Weny Bagama al referirse al desarrollo de Generadora Del Istmo, S.A. (Genisa), en Chiriquí. Enseguida, ilustró con tres referencias.

Primero: “En estos momentos no tenemos agua limpia para tomar, antes de la represa teníamos. Segundo: “Antes teníamos 35 especies de peces en el agua, de los que nos alimentábamos a nuestras familias, ahora de esas especies nada más queda una”. Tercero: “Se inundó el bosque donde cosechábamos medicinas naturales”.

Para terminar, Bagama marcó un punto de contradicción: “Esta empresa lleva ocho años generando, mientras nosotros no podemos trasladarnos en nuestra comunidad cuando tenemos un familiar enfermo”.

Enseguida, Moisés Montero denunció la contaminación de fuentes de agua para el consumo humano por una empresa piñera en La Chorrera que, según dijo, opera sin Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Pareciera que el dinero estuviera por encima de la vida y la salud de los panameños”, dijo Montero tras enumerar una decena de pedidos, cuestionamientos y denuncias presentadas ante autoridades locales, por las que no recibió respuesta.

Luego llegó el turno del tercer caso de la audiencia: la cuarta línea de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa). Aquí, el cuestionamiento tuvo que ver con la falta de consulta previa, libre e informada de la población Bugle, Ngäbe y campesina afectada.

“Pareciera que el Estado de Panamá no aprende de las experiencias desastrosas de las empresas mineras e hidroeléctricas, que han sido condenadas en tribunales nacionales e internacionales… La justicia debe ser ciega y no favorecer solamente a quienes tienes dinero e influencias”, manifestó Susana Serracín, de ACD.

El Estado

El Estado dijo lo que suele decir en estas instancias, lo mismo que expuso en el último Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de noviembre de 2020.

“Dialogamos de manera permanente y siempre respetando el consentimiento previo, libre e informado, en conformidad con la ley 37 de 2016″, aseguró Otto Escarpín Romero, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del MIRE. La comitiva del Estado incluyó a referentes de Etesa y a Máximo Jiménez, miembro del Congreso de Asuntos Internacionales de la Comarca Ngöbe-Buglé, que hablaron en la misma sintonía.

Para cerrar, Palummo Lantes recordó que “existe una opinión consultiva de la CIDH, la 2,327, que establece que los Estados tienen la obligación de prevenir, regular y controlar la contaminación ambiental”.

Aunque el encuentro se desarrolló en Washington DC, Estados Unidos (EU), referentes de las organizaciones llegaron desde diversos puntos del país a la sede del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), en la ciudad capital, para unirse de forma virtual.

Sol Lauría

Unidad de Investigación