El gobierno tiene hasta cuatro meses para responder una denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la periodista Flor Mizrachi y siete personas más, en contra del Estado panameño, por los reiterados ataques verbales de los diputados Zulay Rodríguez y Sergio Chello Gálvez.
La denuncia fue presentada el 17 de septiembre de 2021, ante la CIDH, organismo que el pasado jueves 8 de junio comunicó a Mizrachi que su petición ya fue remitida al gobierno de Panamá (representado por la Cancillería), para que presente sus observaciones. Luego de esta etapa, la CIDH debe decidir si el reclamo es admitido o no, salvo que los peticionarios comuniquen antes su decisión de archivar la causa. El Estado panameño tiene tres meses, prorrogable por uno más, para enviar su respuesta; si no lo hace, la CIDH igual podrá adoptar una decisión, con la información que ya reposa en el expediente.
La Comisión también ha comunicado a las partes su disposición de mediar para lograr una solución “amistosa” a este conflicto.
La denuncia fue presentada por el abogado Jorge Molina, en representación de Mizrachi, Annette Planells, Jorge Luis Quijano, Roberto Eisenmann, Mauricio Valenzuela, Edwin Cabrera, María Gabriela Gaby Gnazzo y Mariela Ledezma. Todos reclaman haber sido insultados y cuestionados por los diputados Rodríguez y Gálvez, durante el periodo de incidencias del pleno legislativo, por tanto, no son responsables jurídicamente de sus “opiniones”.
El reglamento interno de la Asamblea Nacional (que está contenido en la Ley 49 de 1984), en su artículo 228, señala que los diputados “no son legalmente responsables por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo y merecen consideración y respeto de parte de las autoridades”.
También artículo 154 de la Constitución advierte que los diputados “no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio del cargo”.
Pero las expresiones proferidas por Rodríguez y Gálvez no tienen relación alguna con el rol de un diputado y son ataques directos a periodistas y miembros de la sociedad civil organizada. Y ahí es donde radica el reclamo ante la CIDH.
Por ejemplo, sobre Mizrachi, Rodríguez dijo lo siguiente desde su curul, el 19 de octubre de 2020: “Flor, ¿tú tienes una fijación conmigo? ¿Tú estás enamorada de mí? Porque solamente te la pasas ‘Zulay, Zulay, Zulay’… ¿Cuál es tu fijación? Que si estaba gorda, que si me quedaba el vestido… O sea, flor, sal del closet. ¡Sal del closet!”.
Sobre Cabrera, Chello Gálvez (que casi nunca interviene en el pleno ni en las comisiones legislativas) dijo, el 28 de octubre de 2019, que había “fracasado en su intento de ser electo político”, que era un alcohólico, que lo habían destituido como profesor en un colegio particular y que no era “apto” para dirigir un programa radial.
Lea aquí la nota 'Chello Gálvez usa el pleno legislativo para atacar a Edwin Cabrera'
“Algunos lo señalan como pedófilo. Adicional es cuestionado constantemente por sus desviaciones sexuales”, sostuvo Gálvez esa vez, sin molestarse en mostrar pruebas que sustenten alguno de sus graves señalamientos.
Parece q tengo la culpa q la gente piense q esta es la peor Asamblea d la historia, q varios d ell@s hagan gala d su ignorancia en el Pleno. Y no conforme con todo lo anterior, aplauden las calumnias e injurias y el Presidente d la @asambleapa se ríe de forma cómplice. Pobre país https://t.co/bkT0su343l
— Edwin Cabrera (@EdwinECabreraU) October 29, 2019
Ante la CIDH, los denunciantes solicitan que Gálvez y Rodríguez pidan perdón públicamente y por escrito, que se divulgue en un medio impreso la parte resolutiva de la sentencia que disponga la protección de las ocho víctimas y que se expida una ley que prohiba que los diputados utilicen su participación en la Asamblea “para atacar, ofender, vilipendiar o lesionar la honra y dignidad de las personas”.
No hay ningún reclamo de índole económico.
El grupo recurre a la CIDH después de que la Corte Suprema de Justicia no admitiera una demanda que Mizrachi presentó para que se declarara inconstitucional la intervención de Rodríguez, aquel 19 de octubre.
