La balacera ocurrida el pasado viernes 10 de febrero en las cárceles La Joya y La Nueva Joya, suceso que dejó dos muertos, uno de ellos, un agente de la Policía Nacional, una vez más puso el dedo sobre la herida: el gobierno no ha sido capaz de erradicar la corrupción en los centros carcelarios del país.
El propio ministro de Gobierno, Roger Tejada, lo reconoció públicamente.
“Definitivamente, existe corrupción en los centros penitenciarios”, manifestó en una entrevista en TVN. Más adelante, el Ministerio de Gobierno, entidad a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, complementó la información indicando que en el último mes 12 personas han sido destituidas por realizar “concesiones indebidas” e ingresar artículos prohibidos a las cárceles. En la lista hay psicólogos, custodios y trabajadores sociales, entre otros.
Tejada, quien tomó las riendas del Ministerio de Gobierno en octubre de 2022, en remplazo de Janaina Tewaney, quien fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores, se refirió a su apuesta para el sistema penitenciario luego del tiroteo del viernes: un proyecto de ley sobre políticas de resocialización y la construcción del primer centro de resocialización en el país.
Así fue
Todo en medio de la ola de críticas por el hecho: un reo abrió fuego contra un grupo de internos que era trasladado hacia el pabellón siete de La Joya. En el tiroteo, murió el subteniente Jean Carlos Valdés, quien recibió varios impactos de bala.
También resultaron heridos los internos Luis Gonzaga Mejía, Ricardo Cumberbatcht, Jorge Gallardo y Elied Urriola y el subteniente Edwin Núñez.
Paralelamente, en La Nueva Joya, fue asesinado Damark Vladimir Howard, quien purgaba una pena de 20 años de prisión por homicidio. Howard retornaba a su celda luego de participar en un curso impartido por el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, cuando fue atacado a tiros por otros presos. El Ministerio de Gobierno atribuye el hecho a un enfrentamiento entre “bandas rivales”.
Por este caso, un juez de garantías imputó cargos a dos internos, por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.
Tras el incidente, la Policía localizó en la cárcel 23 armas de fuego, celulares y varios objetos punzocortantes. El ministro Tejada detalló que se ordenó la separación del director de seguridad interna de La Joya y de otros funcionarios ligados a la custodia de ese penal.
Cárceles fuera de control
Para el exfiscal superior Rolando Rodríguez, lo que sucede en las cárceles “está fuera de control”. Rodríguez, quien laboró en el Ministerio Público por más de 20 años e investigó casos como el de la masacre de Coiba (ocurrido en enero de 1998), en la que cuatro presos fueron decapitados, explicó que el modelo de gestión en el manejo de los privados de libertad ha tocado fondo.
Consideró que si no hay alternativas de resocialización, se generan situaciones de conflicto.
Recalcó que es necesario hacer un cambio en el modelo de gestión de las cárceles y permitir que los privados de libertad puedan ocupar su tiempo en estudio, aprender un oficio y realizar actividades que le permitan desarrollar algún tipo de talento.
A su juicio, otro fenómeno que tiene una alta injerencia en la violencia que se vive en las cárceles son las bandas rivales que buscan ganar espacios y jerarquías y ello acarrea situaciones de enfrentamientos cuando estos grupos se mezclan en un mismo penal.
En tanto, el exdirector de Sistema Penitenciario, Ángel Calderón, coincidió con Rodríguez, en el sentido en que el modelo de gestión dentro de los centros penitenciarios ha colapsado, ya que a su juicio, ninguna de las cárceles panameñas cumple con los estándares internacionales de un centro de reclusión.
Calderón planteó que una de las situaciones críticas es la falta de tecnología para mantener la seguridad y el aislamiento entre custodios e internos, así como la ausencia de una clasificación de los privados de libertad por su grado de peligrosidad.
“Hay que evitar el amiguismo entre internos y custodios, ya que eso es caldo de cultivo para la corrupción”, advirtió. Para Calderón, otro aspecto que debe cambiar es que la designación de los agentes de policía en los centros penitenciarios sea vista como un castigo, ya que ello impone una carga negativa al trabajo que se desarrolla allí.
Para Calderón, las cárceles panameñas se han convertido en un mero “depósitos de seres humanos”, a los que no se dan alternativas para estudio o trabajo remunerado como sucede en otros países.
El Consejo de Gabinete aprobó recientemente un presupuesto de $25 millones para instalar un sistema de seguridad “con tecnología moderna”, dijo el ministro.
Según la Dirección General del Sistema Penitenciario, hasta 2022, las cárceles del país albergaban a 21 mil 308 presos pero, el sistema está diseñado para acoger a 14 mil 591, lo que indica que en ese momento había una sobrepoblación de 6 mil 717 internos.
Los hechos de violencia a causa del control que algunas pandillas ejercen sobre los pabellones de La Joya y La Joyita son situaciones de curso regular.
El más grave de ellos se registró el 17 de diciembre de 2019, tras un enfrentamiento con armas de fuego entre facciones de la pandilla Calor Calor, que mantenían diferencias por cargamentos de drogas, lo que que dejó un saldo 13 internos muertos. Este caso puso en la mira la gestión de Carlos Romero y Rolando Mirones, los entonces ministros de Gobierno y de Seguridad Pública, respectivamente.
Dos meses después, en febrero de 2020, ocurrió otra crisis en el sistema penitenciario: la fuga del asesino confeso Gilberto Ventura Ceballos del pabellón de extrema seguridad de la cárcel La Nueva Joya. Este suceso provocó la destitución de Romero y la renuncia de Mirones.
