La Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales que presentó el director de la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND), Edward Mosley Ibarra, para impedir que el procurador de la Administración, Rigoberto González, investigue los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales controlados por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El pleno adoptó esta decisión el 2 de octubre de 2023, pero fue comunicada en la tarde de este viernes 24 de mayo, casi ocho meses después. La misma conlleva un carpetazo a las diligencias del procurador González para investigar el paradero de los fondos asignados a la descentralización.
A favor votaron los magistrados Ariadne García (ponente), María Eugenia López Arias (presidenta de la Corte), Carlos Vásquez, Cecilio Cedalise, María Cristina Chen Stanziola y Miriam Cheng.
Tres magistrados salvaron el voto: Olmedo Arrocha, Ángela Russo y Maribel Cornejo.
Lo que no pensaba que podría pasar, el Pleno de la Corte con tres salvamentos de voto concede el amparo al director de la autoridad de la descentralizacion contra el inicio de la investigación del Procurador sobre la descentralizacion paralela a raíz de una denuncia que presenté pic.twitter.com/z8d0In92S0
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) May 25, 2024
Ibarra presentó el amparo hace casi un año, el pasado 29 de mayo de 2023, para ser exactos, luego de que el procurador González admitiera una denuncia interpuesta once días antes por el abogado (y hoy diputado electo) Ernesto Cedeño.
En el último año, Cedeño se ha quejado de la lentitud de la Corte para resolver el asunto, aduciendo que la ciudadanía quiere conocer el destino de millones de dólares entregados por la AND.
El amparo que presentó Ibarra sostiene que el procurador González “carece de competencia para gestionar o iniciar investigaciones preliminares y exigir informes explicativos sobre quejas y denuncias contra funcionarios públicos”.
Sin embargo, González ripostó a esa aseveración, asegurando que múltiples fallos del pleno de la Corte y de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo han reconocido la atribución constitucional y legal que mantiene la Procuraduría de la Administración para investigar, en el ámbito administrativo, a los funcionarios con mando y jurisdicción.
De manera consistente, Ibarra se ha negado a proporcionar información sobre cuáles han sido los gobiernos locales a los que se les han transferido fondos, el monto asignado y los criterios atendidos para entregar dichos recursos.
Una investigación del diario La Prensa reveló que entre el 7 de junio de 2021 y el 23 de junio de 2023, la AND realizó desembolsos por al menos $260.9 millones a juntas comunales controladas por militantes o aliados del PRD, fuera de la fórmula establecida por la ley de descentralización.
También, varios representantes de corregimiento y alcaldes de partidos de oposición se han quejado de la manera en que se han asignado dichos recursos por parte de la AND.
El contralor Gerardo Solís también dio su espaldarazo a la gestión realizada por los funcionarios de la actual administración con los fondos de la AND.
Solís ha señalado que entre los años 2020-2023 se hicieron 1,135 informes de rendición de cuentas a los gobiernos locales de Panamá. Según él, todo está prácticamente en orden, pues los resultados de las investigaciones revelaron que el 97% cumplió con los procesos y manejó el dinero de forma adecuada y solo el 3% necesitaba hacer ajustes.
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