La Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizará una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la condena de 128 meses de prisión y el pago de una multa de $19.2 millones impuesta al expresidente Ricardo Martinelli, por blanquear capitales a través de la sociedad New Business.
Esta demanda fue presentada por el abogado Ángel Álvarez y originalmente tenía como ponente a la magistrada María Eugenia López Arias.
López era del criterio de que la misma no debía ser admitida. Pero en la reunión del pleno de la CSJ, celebrada el pasado jueves 13 de enero, cinco de los nueve magistrados (una mayoría simple) se opusieron a esa opinión; por tanto, López perdió la ponencia.
El ponente ahora es Olmedo Arrocha, ya que él fue el primer magistrado en hacer observaciones a la propuesta de López.
Con López votaron las magistradas Myriam Cheng, María Cristina Chen Stanziola y Otilda Valderrama, suplente de Maribel Cornejo. En cambio, a favor de la admisión de la demanda de Álvarez estaban, además de Arrocha, los magistrados Carlos Vásquez, Cecilio Cedalise, Ángela Russo y Ariadne García.
Álvarez alega en su reclamo que la juez penal Baloisa Marquínez habría violado el principio consignado en el tratado de extradición pactado entre Panamá y Estados Unidos, al dictar sentencia por blanqueo de capitales en contra de Martinelli. No obstante, Estados Unidos ha manifestado, en varias ocasiones, que a Martinelli ya no le aplica el referido principio.
La decisión adoptada por el pleno el pasado jueves es completamente opuesta a lo ocurrido en enero pasado, cuando los magistrados (también en una votación de 5 a 4) decidieron no admitir otra demanda de inconstitucionalidad contra la condena del exmandatario. La ponente del proyecto de no admisión era López.
Aquella vez, Arrocha, Cedalise y Vásquez hicieron observaciones y abogaron (sin éxito) para que la demanda fuera admitida y discutida a fondo.
Arrocha ya es el ponente de otra demanda de inconstitucionalidad muy similar, que presentó la abogada Nadia Castillo.
La admisión de las demandas no implica de ninguna manera que la condena contra el expresidente ha quedado suspendida o anulada. Lo siguiente que debe hacer el pleno de la Corte es analizar a fondo si la juez, al dictar sentencia, violó o no la Constitución.
Desde el 7 de febrero de 2024, Martinelli se encerró en la embajada de Nicaragua en Panamá, a fin de evitar su conducción a prisión, dado que la condena de New Business está en firme.
