La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó una decisión del Tribunal Superior de Apelaciones que declaró legal la orden de aprehender a Álvaro Testa, esposo de la exdiputada Zulay Rodríguez e investigado por la presunta apropiación de láminas de oro pertenecientes al mexicano José Luis Penagos (q.e.p.d.).
En una audiencia celebrada el pasado miércoles 16 de octubre, las magistradas María Eugenia López Arias, Ariadne García y Maribel Cornejo, de la Sala Penal, concluyeron que la orden que pesa contra Testa no vulnera las garantías constitucionales ni los convenios internacionales. Tampoco encontraron que la misma contenga vicios de ilegalidad.
Previamente, las magistradas escucharon los argumentos de las partes. En defensa de Testa habló su esposa y abogada, la exdiputada Rodríguez.
Las magistradas también rechazaron un recurso de reconsideración y uno de aclaración de sentencia presentadas por Rodríguez.
En representación del Ministerio Público estuvo presente la fiscal superior de Delitos contra el Patrimonio Económico, Elizabeth Carrión.
En varias ocasiones, la Oficina Judicial ha intento localizar a Testa tanto en su lugar de trabajo (es funcionario de la Autoridad del Canal de Panamá) como en su residencia en Bella Vista.
La orden de aprehensión, con fines de conducción, se emitió luego de que Testa no se presentara a una audiencia de imputación ante un juez de garantías del Primer Distrito Judicial de Panamá, cuyas oficinas están en Plaza Ágora.
En esa ocasión, la defensa de Testa presentó un recurso de habeas corpus preventivo, lo que obligó a la fiscalía a remitir el expediente al tribunal superior, lo que dejó la orden de conducción en pausa.
Por este caso también son investigados la propia exdiputada Rodríguez, así como su socio Rafael Araúz Canto y su madre Luz Eneida Canto.
Araúz fue aprehendido por agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) el 9 de septiembre pasado, cerca de Coronado, cuando se encontraba en compañía de su madre. La señora Canto no fue conducida. Tiene 76 años de edad.
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Los cuatro fueron denunciados por Juan David Penagos Ríos y Diana Ríos Cardona, el hijo y la viuda del fallecido José Luis Penagos, por la presunta comisión de al menos cuatro delitos: contra el patrimonio económico (en las modalidades de hurto con abuso de confianza y estafa), contra el orden económico (blanqueo de capitales), contra la seguridad colectiva (asociación ilícita para delinquir) y contra la administración de justicia (prevaricato).
José Luis Penagos era un antiguo cliente de Rodríguez, que la contrató en 2013, cuatro años después de ser detenido en el Aeropuerto de Tocumen, por llevar 68 kilos de láminas de oro.
En vida, Penagos acusó a la exdiputada de quedarse con su oro. Ella dice que eso era el pago por sus servicios profesionales.
