Vía libre (de momento…) para la demanda presentada contra las dos notas expedidas por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) en el año 2021, que autorizaron la prórroga automática del contrato de concesión de Panama Ports Company, S.A. (PPC).
Este martes 25 de marzo, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral rechazó “de plano por improcedente” una solicitud de “corrección” presentada por la firma Morgan & Morgan, abogados de la empresa portuaria, en contra de la admisión de una demanda de nulidad presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz contra las autorizaciones de la AMP.
La Sala Tercera advirtió que PPC utiliza la solicitud de corrección con el fin de obtener “un nuevo examen” sobre la admisibilidad de la demanda de Ruiz.
Al respecto, cita el artículo 999 del Código Judicial, que establece que las sentencias no pueden ser revocadas ni reformadas por el mismo juez que las adoptó. Además, las aclaraciones o correcciones son pertinentes solo en cuanto a daños, perjuicios, costas o frases “obscuras o de doble sentido”, lo cual no aplica en el caso de la solicitud de PPC.
“Se puede observar que la petición de la parte actora tiene como objetivo establecer su disconformidad con la parte resolutiva del auto, pretendiendo que se corrijan presuntos errores de apreciación que sirvieron de base para el fallo, buscando así que la decisión final sea modificada, situación que no se ajusta a los supuestos establecidos por la ley para la aclaración o corrección de sentencia”, señalan los magistrados Cecilio Cedalise (ponente) y María Cristina Chen Stanziola en el fallo adoptado el 25 de marzo.

La misma Sala, cinco semanas antes, había admitido la demanda de Ruiz Díaz contra una nota del 28 de junio de 2021 de la junta directiva y una certificación del 21 de junio de 2021 de la Administración General, ambas de la AMP, mediante el Auto del 19 de febrero de 2025 demandado por Morgan & Morgan.
Con ambos documentos, PPC obtuvo una prórroga automática de 25 años al contrato que pactó en 1997 para la operación de los puertos de contenedores de Balboa y Cristóbal. La Contraloría, bajo el mando de Anel Flores desde el 1 de enero pasado, se encuentra en una proceso para auditar ambos puertos.

Las dos terminales serán ahora adquiridas por el fondo de inversión BlackRock, en medio de tensiones con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha acusado en varias ocasiones a Panamá de violar el tratado de neutralidad y de permitir que China controle el Canal de Panamá.
PPC es propiedad de CK Hutchison, un consorcio cuyo origen está en Hong Kong, detalle que ha sido utilizado por Estados Unidos para sustentar las afirmaciones de Trump y su gobierno.