La Corte Suprema de Justicia no admitió la denuncia penal que presentó el Ministerio de Cultura (Micultura) contra el diputado Jairo Bolota Salazar, por haber participado en la demolición de dos caserones que tenían un alto valor histórico patrimonial, en la ciudad de Colón.
La denuncia, que era por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, no fue admitida por el pleno de la Corte, que actuó bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo de Cedeño. La decisión unánime fue adoptada por los nueve magistrados principales, en una sesión celebrada el pasado 17 de agosto.
La denuncia contra Salazar, del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), había sido presentada por el abogado Ricardo Castillo Guerra, en representación de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico de Micultura, después que en julio de 2021, Salazar y su copatidario y alcalde de Colón, Alex Lee, demolieron dos caserones que eran parte del conjunto monumental histórico del Casco Antiguo de Colón, conforme dicta la Ley 47 de 2002. Salazar y Lee alegaron que ambos inmuebles presentaban un avanzado deterioro en sus estructuras.
Uno de los edificios derribados era la histórica casa Maal, bautizado así en honor al holandés Joannes Maal, quien era su propietario en el año 1912.
El historial de Salazar, como diputado
Salazar tiene varias denuncias en la Corte, pero ni una de ellas ha derivado en condenas. Incluso ha sido denunciado (dos veces) por la propia Policía Nacional (PN), pero estas acciones no han avanzado porque Salazar tenía fuero penal electoral, por su participación como precandidato en las primarias que el PRD celebró el pasado 11 de marzo. Finalmente, el 16 de mayo de 2023, los juzgados Primero Administrativo Electoral y Cuarto Administrativo Electoral suspendieron el fuero que protegía a Salazar, para que pudiera ser procesado por las dos denuncias presentadas por la PN.
La primera denuncia de la PN fue presentada el 13 de noviembre de 2019, luego de que agentes policiales interrumpieron una fiesta en Altos de Los Lagos, Colón, porque varios vecinos se quejaron por el ruido. En esa fiesta participaba el diputado, quien, molesto porque se apagó la música, profirió varios insultos a los policías. Los otros participantes respondieron lanzando botellas, lo que envió al hospital a varios agentes que recibieron los golpes. Cuando la Policía se llevó a la estación al autor de uno de los botellazos, Salazar se presentó al lugar, armó otra discusión e invitó a los agentes a pelear a puños.
La segunda llegó en marzo de 2020, cuando la Policía denuncia a Salazar porque fue sorprendido conduciendo un vehículo sin placa y, además, se negó a mostrar su licencia de conducir.
También ha sido querellado una vez y denunciado otra por una colega y copartidaria: la diptuada Kayra Harding. En ambas acciones, Harding acusa a Salazar por la supuesta comisión del delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones personales por violencia psicológica, y por violencia de género, al asegurar que le lanzó una botella de agua a la cara, durante una reunión de la bancada del PRD, celebrada en abril de 2020, en las oficinas de la Asamblea Nacional. El 26 de agosto de 2021, la Corte (bajo la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha) no admitió ni la querella ni la denuncia penal, por considerar que no había méritos suficientes. La magistrada Russo salvó el voto.
Salazar, a su vez, presentó una denuncia por calumnia y una querella penal contra Harding. En la querella, la acusa del delito contra la personalidad jurídica del Estado, por circular por pasillos y salones de la Asamblea acompañada de personal “armado” del Servicio de Protección Institucional (SPI), asignado por la Presidencia de la República. Según el diputado, la acción de Harding obstruye el normal funcionamiento de la Asamblea. Ni la denuncia ni la querella fueron admitidas, porque la Corte no observó una conducta “punible”.
