La ausencia de prueba idónea salvó al diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, de ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la operación antidrogas denominada Jericó.
En un fallo fechado el 11 de julio pasado, el pleno de la Corte (con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha) consideró que el Ministerio Público (MP) no aportó una relación precisa y clara de los hechos investigados que sugirieran la posible participación del diputado en la comisión de un delito.
“De la documentación que hemos recibido para nuestro conocimiento, se observa una incipiente investigación con falta de información, lo que nos lleva a concluir que fue remitida con premura y no con el análisis debido que este tipo de gestión procesal conlleva”, señala el fallo. Agrega que si el MP encuentra otros elementos, podría abrirse una investigación contra Pineda.
Jericó es una operación de la Unidad Sensitiva de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Fiscalía de Drogas, iniciada en junio de 2023, sobre la existencia de un grupo criminal integrado por colombianos, mexicanos y panameños, presuntamente dedicados al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
Según la investigación, la citada red mantiene operaciones en Darién, Panamá y Los Santos. La fiscalía ya investiga la supuesta participación de Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Pineda. Se sospecha que el hijo era la persona encargada del manejo del dinero.
A través del informe de novedad del 29 de mayo de 2024, la DIJ remitió a la Corte información y un disco compacto con la investigación. ¿Por qué? Porque (a través de interceptaciones telefónicas debidamente autorizadas por un juez de garantías) se descubrió que entre los contactos de Rico Pineda estaba su padre, el diputado de la Asamblea.
La Corte reconoce que la Fiscalía de Drogas le remitió un relato de las diligencias llevadas a cabo, pero advierte que en dicho relato no se indica de qué manera se configura la comisión de un delito y la participación del diputado.
El pleno de la Corte sostiene que lo relatado por el MP es información precaria, limitándose a vincular al padre y al hijo a través de sus comunicaciones, sin señalar el contexto de dicho contacto.
La Corte también expresa su preocupación de que el MP le haya remitido el audio en un caso en el que, a la fecha, no se ha imputado a nadie, lo que pone en riesgo la identidad de las personas investigadas preliminarmente.
Recalca que, en caso de encontrarse elementos que sugieran la posible vinculación del diputado o de una persona aforada, deberá realizarse la consecuente ruptura procesal y enviarla nuevamente a la Corte, conforme al artículo 448 del Código de Procedimiento Penal.
