Otra vez la falta de prueba sumaria fue la razón alegada por la Corte Suprema de Justicia para archivar una tercera denuncia por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad contra 47 diptuados que aprobaron la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, la cual adoptó el contrato de concesión entre Minera Panamá y el Estado panameño.
En esta ocasión, bajo la ponencia del magistrado Carlos Alberto Vásquez Reyes, la Corte desestimó una denuncia presentada por los abogados Dayana Vásquez, Roberto Lucero Núñez, Graciela Nájera y Tomás Aguilar, quienes interpusieron la demanda por considerar que los diputados incumplieron sus deberes al aprobar una ley que ocasionaba graves daños a la salud pública y el medio ambiente.
La Ley 406 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, el 28 de noviembre pasado.
El argumento de la Corte para archivar la denuncia se centró en los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal, en los que se establece la “prueba idónea del hecho punible imputado” como uno de los requisitos para admitir una denuncia contra un miembro de la Asamblea Nacional. Sin esa prueba idónea, “la querella será rechazada de plano”.
El abogado Roberto Lucero, uno de los denunciantes, estimó que en este caso hubo una clara muestra de ineficiencia de la Corte al no admitir una demanda contra los 47 diputados, “cuando todos fuimos testigos de la votación para la aprobación de la Ley 406 por parte de la Asamblea Nacional”.
Lucero expresó que resulta sospechoso que hace poco la Comisión de Credenciales de la AN archivó una serie de denuncias contra los magistrados de la Corte. Ahora ocurre lo mismo, a la inversa.
En febrero pasado, la Corte archivó otras dos denuncias presentadas contra los diputados que aprobaron la Ley 406. En esa ocasión, las denuncias fueron interpuestas por los abogados Abdiel Enrique González y Diógenes Alvarado González.
Las denuncias de González y Alvarado planteaban que los diputados que votaron a favor del contrato minero violaron el artículo 163 de la Constitución, el cual establece que les está prohibido a los miembros de la Asamblea aprobar leyes que vayan en contra del espíritu de la Constitución.
La aprobación de la Ley 406, que fue propuesta por el Ejecutivo, generó una ola de protestas callejeras en todo el país y la presentación de varias demandas ante la Corte, que declaró su inconstitucionalidad.
