La Corte rechaza un recurso a 12 personas investigadas por posible lesión al Ipacoop

La Corte rechaza un recurso a 12 personas investigadas por posible lesión al Ipacoop


El pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales que había sido interpuesto por 12 exfuncionarios del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop). El recurso buscaba dejar sin efecto una auditoría de la Contraloría General de la República de agosto de 2018, que describió posibles irregularidades en el manejo de fondos de esa institución.

Por este caso el Ministerio Público investiga presuntas anomalías en el cobro de salarios, sin cumplir la jornada de trabajo, entre otras causas. En la pesquisa se menciona a Willie Chin Lee, Roger Barría Camaño, Gustavo Guerra Concepción, Cristian Grajales Vergara, Manuel Mosquera Torres, y Cristina Rodríguez. Al igual que a Luis Alvarado Vallejos, Concepción Chávez Pinzón, Ariel De León Reyes, Cristian Balabarca Cedeño, Geidys Villarreal Vizuetti y Federico Richelli Clare.

En la sentencia que negó el recurso (enero de 2020), la magistrada de la Corte, María Eugenia López, consideró entre cosas que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría, faculta a este entidad para ejercer acciones fiscalizadoras “sobre todas las personas y organismos que tengan a su cargo la custodia o el manejo de fondos o bienes del Estado (...)".

En enero pasado el Ministerio Público solicitó una audiencia ante un juez de garantías para imputar cargos a los investigados, pero hasta la fecha no se ha realizado. La investigación se inició a partir de una denuncia penal presentada en febrero de 2019 por el entonces contralor general de la República, Federico Humbert

La Contraloría realizó una auditoría al Ipacoop que comprende el período entre el 2 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018, con el propósito de determinar supuestas irregularidades en cobros de salarios por parte de asistentes ejecutivos y asesores nombrados en esa entidad, que supuestamente no iban a trabajar.

La auditoría arrojó una posible lesión al Estado de más de $900 mil. Esto, a raíz de que fueron nombradas personas que tenían dualidad de funciones y funcionarios con cargos que no pudieron justificar su labor.

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