Con la proximidad de la fecha de la audiencia preliminar alterna del caso Odebrecht, que está programada para celebrarse del 12 al 30 de septiembre, es clave para la opinión pública entender los alcances de dicho proceso.
El caso Odebrecht se está realizando de acuerdo con las reglas del Sistema Inquisitivo Mixto, contenidas en el Libro Tercero del Código Judicial. El juzgamiento de este caso le corresponde a la jueza Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez.
El proceso tuvo decenas de personas naturales vinculadas, de las cuales 12 llegaron a acuerdos de pena o colaboración eficaz, 8 personas recibieron sobreseimientos definitivos y 21 personas obtuvieron sobreseimientos provisionales.
El próximo lunes 12 de septiembre enfrentarán la audiencia preliminar 50 personas naturales imputadas, y 1 persona jurídica, también procesada como parte de esta causa.
Anatomía de un caso
El caso Odebrecht se originó de una denuncia del excontralor Alvin Weeden, interpuesta el 18 de septiembre del año 2015, que fue archivada, y luego del acuerdo entre la constructora brasileña y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 21 de diciembre de 2016, el caso fue reabierto en Panamá en enero de 2017.
Inicialmente, el caso surgió del reconocimiento por parte de altos directivos de la constructora de que habían pagado 59 millones de dólares en coimas a altos funcionarios panameños, para obtener contratos gubernamentales.
El caso se desarrolló en un entorno de constantes interrupciones por los recursos de los abogados defensores y por la mora de un Órgano Judicial sospechosamente alérgico al proceso.
Una parte importante del equipo de fiscales, que llevó a cabo las investigaciones, fue apartado de la causa por el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, lo que ha privado a este proceso de la presencia de las fiscales superiores Zuleika Moore y Tania Sterling. Solo la fiscal superior Ruth Morcillo, integrante original del grupo, permanece en la causa, cuyo expediente tiene 2 mil 755 tomos (1 millón 100 mil páginas).
El Ministerio Público deberá decidir si introduce en este caso lo aceptado por los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en una Corte Federal de Nueva York, Estados Unidos, o si ese material probatorio será usado en otro caso.
Ricardo Alberto y Luis Enrique confesaron ante un juez estadounidense que blanquearon $28 millones en coimas de Odebrecht, según ellos, siguiendo instrucciones de su padre, el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
Esta causa penal no incluye los proyectos de riego Remigio Rojas, la autopista Panamá-Colón ni la primera fase de la cinta costera, todos los cuales fueron desarrollados en el gobierno del presidente Martín Torrijos (2004-2009).
A pesar de que una gran parte del proceso se debe a la cooperación de países como Andorra, Brasil, Estados Unidos y Suiza, un componente muy relevante de la trama de corrupción quedó fuera del alcance de las autoridades panameñas, cuando el gobierno de la Isla Dominica, país sede de un banco propiedad de Odebrecht se negó a cooperar.
Las reglas de la audiencia
En el Sistema Inquisitivo Mixto, corresponde a los fiscales realizar las pesquisas, que se denominan sumarios y que deben ser “calificados” por el juez de la causa.
En esa evaluación, se decide si hay mérito para llamar a juicio por los delitos identificados por los fiscales. Esta etapa se llama plenario y empieza con la audiencia preliminar, en la que el Ministerio Público, imputados, defensores y querellantes, si los hubiera, se enfrentan para convencer al juez.
Luego de la audiencia preliminar, el juez tiene un plazo mínimo de 30 días para emitir su auto de llamamiento a juicio, en el cual indica las personas que irán a juicio y por cuáles delitos.
El pasado 18 de julio se efectuó la primera audiencia preliminar de este caso, pero el acto fue suspendido por la presentación de múltiples excusas y la inasistencia de los abogados defensores de algunos imputados.
En la nueva audiencia, la juez Marquínez dispondrá de abogados defensores de oficio, en el caso que alguno de los defensores principales no se presente.
El caso Odebrecht no enfrenta el riesgo inminente de prescripción, porque esta sería en el año 2027.
El artículo 2200 del Código Judicial permite que la audiencia prosiga aunque un imputado debidamente notificado se ausente, como dice la norma a continuación: “La audiencia preliminar deberá celebrarse con la participación del Ministerio Público, del imputado y su defensor. La inasistencia del imputado o del querellante oportunamente notificados de la celebración de la audiencia, no impide que ésta se lleve a cabo”.
Sin fuero ni especialidad
El 26 de julio pasado, el pleno de los magistrados del Tribunal Electoral reiteró la decisión de un juzgado administrativo que levantó el fuero electoral penal al expresidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal para lo relativo al proceso Odebrecht.
Desde 2019, ha sido la posición oficial del gobierno de Estados Unidos, manifestada y reiterada por escrito y por declaraciones verbales de sus más altos voceros diplomáticos, que el principio de especialidad –garantía procesal que establece que los extraditados solo pueden ser juzgados por el delito por el cual fue solicitada su extradición– no se aplica al expresidente Martinelli.
De acuerdo con todo lo anterior, no existe obstáculo procesal alguno que impida que Ricardo Martinelli y sus defensores técnicos se presenten a la audiencia del próximo 12 de septiembre.
Una larga espera
Para llegar hasta este punto, han transcurrido casi siete años desde que se interpuso la denuncia.
En ese término, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Suiza han procesado con éxito a involucrados en los distintos capítulos del caso Odebrecht.
Fuera de Brasil, Panamá es posiblemente el país en el cual la constructora tuvo la mayor actividad corrupta, hasta la fecha esencialmente impune.
Ahora, es responsabilidad del Órgano Judicial demostrar que este país es capaz de procesar a cualquiera, cumplir con el debido proceso y obtener un resultado legítimo que demuestre que la corrupción no paga.
