¿Quién es responsable de los delitos en el manejo de la plataforma del vale digital que gestionó la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG) durante el gobierno pasado? Por el momento, esa pregunta no tiene respuesta.
Este es uno de los casos judiciales que se encuentra atascado en el Ministerio Público, esperando una auditoría de la Contraloría General de la República para seguir su curso.
En julio de 2024, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al entonces contralor Gerardo Solís que auditara el programa que nació en medio de la pandemia por la Covid-19, época en que Laurentino Cortizo y José Gabriel Gaby Carrizo gobernaban el país, pero la investigación nunca se concretó.
Cuando el denunciante de este caso, Luis Carlos Stoute, tocó las puertas de Solís para hablarle sobre las irregularidades detectadas en el manejo del software del vale digital, el entonces contralor le dijo que era una persona “muy cuadrada y técnica”, que debiera ser “más político” y que esos temas le harían daño al programa insignia del presidente.
En el Ministerio Público informaron a La Prensa que el caso está en la categoría de “investigación preliminar”, por lo que hasta el momento no tiene imputados. En la denuncia que presentó Stoute en 2023, habló de “irregularidades o claros indicios” en la posible perpetración de “delitos contra la administración pública”.
La acción legal se centró en la plataforma digital que se conoce como “LISTO”, que era utilizada para la administración del vale digital, cuyo desarrollo inició la AIG y luego pasó a manos de una empresa privada que cobra a los proveedores del vale digital por su uso, así como un programa de factoring, por el cual igualmente se cobra una comisión.
Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio Público, la investigación no se limita a ese programa. Va más allá, pues abarca todas las plataformas creadas por el gobierno de Cortizo (2019-2024) en medio de la pandemia por la Covid-19.
Cuando ocurrieron los hechos descritos en la denuncia, el administrador de la AIG era Luis Oliva, quien posteriormente dejó el cargo para buscar, sin éxito, una curul en la Asamblea en representación del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Sin embargo, fuentes vinculadas al proceso aseguraron a este medio que el caso podría alcanzar a figuras de alto perfil del pasado gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción también ha gestionado asistencias judiciales internacionales.
Este caso estaba en manos de Mahmad Daud Hasan, exfiscal que dejó el Ministerio Público con la llegada del nuevo procurador Luis Gómez, el pasado 2 de enero. Con los cambios en la institución, el caso quedó en manos del fiscal Javier Cuadra.
Habla Stoute
Consultado por La Prensa, Luis Carlos Stoute, el denunciante, espera que la nueva administración del Ministerio Público le dé prioridad y celeridad a este caso.
“Aunque no me compete a mí señalar culpables o imputados, está claro que en todo el esquema de distribuir billones de balboas en subsidios a través de cientos de comercios que se conectaban a una plataforma digital, existieron claras irregularidades, como la asignación discrecional de una empresa para cobrar el 0.5% a los comercios; y, en adición, la asignación discrecional de una empresa para cobrar el 4.9% de factoring a los comercios que sufrían del retraso millonario en pagos, que hasta el día de hoy subsiste. Esto último ocasionó un daño importante a cientos de comercios que no denunciaron la situación por temor a que se afectara el cobro de la deuda que tenía con ellos el gobierno anterior”, sustentó.
Pide a la sociedad panameña que esté pendiente de este caso. “Un resultado justo de este caso ayudaría a crear las fundaciones para una cultura en contra de la corrupción tanto en el sector público como en toda nuestra sociedad”, añadió.
Stoute presentó la denuncia cuando era subadministrador de la AIG, un hecho inédito en la administración pública. Como consecuencia, fue separado del cargo.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Capítulo Panameño de Transparencia Internacional, recordó en ese momento que el tema destacaba la necesidad urgente de que Panamá cuente con una ley de protección para denunciantes y que el servicio público en el país esté basado en profesionalismo e integridad, no en clientelismos partidistas.
