La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó este miércoles a la juez Baloísa Marquínez rechazar cada uno de los incidentes (de nulidad, de doble juzgamiento, de prescripción, de falta de competencia...) presentados por distintos abogados defensores en la fase de alegatos, durante la audiencia preliminar por los sobornos que pagó Odebrecht.
La fiscal Ruth Morcillo contó que fueron más de 15 incidentes, que ya han sido resueltos por el juzgado y por tribunales superiores, por lo que solicitó que sean desestimados.
No obstante, la fiscal estuvo de acuerdo con declarar el doble juzgamiento de la uruguaya Maya Cikurel, al compartir el criterio de su abogado Jerónimo Mejía, en cuanto a que estos mismos hechos y delitos fueron investigados en su país. En Montevideo, el proceso seguido a Cikurel fue archivado en 2020.
Morcillo pidió a la juez rechazar los incidentes de nulidad por la presunta falta de competencia para investigar a los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Ambos alegan ser diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y, por tanto, correspondía a la Corte Suprema de Justicia la tarea de procesarlos.
Morcillo, al respecto, señaló que previamente la juez Morcillo se pronunció al respecto y recordó que el artículo 19 del reglamento interno del Parlacen señala que los diputados adquieren todas las “prerrogativas funcionales” inherentes al cargo, una vez sean juramentados.
Sobre el principio de especialidad que reclama Martinelli, Morcillo recordó que “ya es un tema superado... Este tribunal ya ha emitido concepto”, y citó tres autos del juzgado y uno del Segundo Tribunal Superior que sustentan esta afirmación.
A las 11:18 a.m., la juez cerró la audiencia preliminar y ahora tendrá hasta 30 días para decidir si los 49 imputados son enjuiciados.
LOS ÚLTIMOS ALEGATOS
El último día de alegatos inició con la intervención de Juan Carlos Rodríguez, abogado del exdiputado Jorge Alberto Rosas Rodríguez, quien señaló que su representado mantenía relaciones profesionales con la constructora brasileña desde el año 2004, mucho antes que se iniciara esta investigación por presunto blanqueo de capitales.
También detalló que esa prestación de servicios profesionales a través de la firma forense Rosas & Rosas se mantuvo hasta el año 2008, cuando se le pide gestionar pagos de planillas y otras actividades relacionadas con recursos humanos. Además, nunca hubo reportes de alertas por parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Por estos, están imputados el exdiputado y los también miembros de la firma Juan Carlos Rosas O’Donnell y Rosa Mari Molino Paz.
La defensa refutó las acusaciones de que Jorge Rosas, cuando fue diputado (2009-2019) y miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, realizó gestiones que favorecieron a la empresa brasileña. Sostuvo que esa afirmación carece de sentido, porque en las comisiones legislativas participan una multiplicidad de bancadas, todo se aprueba por mayoría y, por último, las decisiones pasan por el control del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A la vez, citó un salvamento de voto del magistrado José Ayú Prado, al resolver un recurso de acumulación, en donde señala que la recepción de dinero no es delito, y otro salvamento de Efrén Tello, que sostiene que Rosas no participó en hechos con carácter punible y abogó por un sobreseimiento definitivo a su favor y el levantamiento de las medida cautelares en su contra.
Acto seguido, correspondió el turno a Dinoska Montalvo, abogada del exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima. Con ella se cierra la fase de alegatos.
Lo primero que hizo Montalvo fue cuestionar por la citación de su cliente y no del otro ministro del MEF en el gobierno de Ricardo Martinelli: Alberto Vallarino, quien dirigió esa cartera de 2009 a 2011. De Lima era su viceministro y quedó como titular cuando Vallarino renunció.
“Deberían estar los dos. No podemos partir eso con pinza. Y en esta sala no veo a otro ministro de Economía y Finanzas”, dijo Montalvo.
Contra De Lima pesan las delaciones de Olmedo Méndez y Jorge Luis Saiz. Los dos confesaron que eran testaferros de De Lima, para la recepción de las coimas de Odebrecht. Montalvo dijo que ambos tenían una relación previa con Odebrecht, sin mediación alguna de De Lima.
Además, según Montalvo, Méndez pagó servicios e hizo compras (como una propiedad en Costa del Este) con los dineros de Odebrecht y cuestionó que la fiscalía asumió que esos fondos los recibió Méndez por su relación personal con De Lima, sin valorar que el testaferro también tenía vínculos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ya que su esposa Leslie Marín trabajaba en aquella época en Asesoría Legal de esa entidad.
La abogada señaló que Méndez y Saiz estuvieron detenidos, “hasta que nombraron a Frank De Lima... Ahí les cambiaron la medida cautelar”.
Contó que contra De Lima, la fiscalía utilizó un tercer testimonio: el de Julio Fábrega, amigo y compadre del exministro y yerno de Saiz. Contra Fábrega, la fiscalía solicitó un sobreseimiento.
“Cuando él hace sus declaraciones la situación estaba complicada, porque ya había una detención en contra de Saiz. Cada vez que este pobre hombre iba a indagatoria, lo primero que hacia era sacar un papelito y decía que tenía problemas cardiacos, de salud, suplicando”, dijo Montalvo.
La juez tiene ahora un término de 30 días para dar a conocer su decisión.
