En medio de la audiencia por el caso Odebrecht, la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo desmontó la teoría de la defensa de los abogados de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares de que existe “doble juzgamiento” en el caso de sus clientes, quienes fueron condenados en Estados Unidos a 36 meses de prisión por conspirar para blanquear $28 millones de Odebrecht.
Morcillo explicó a la jueza Baloísa Marquínez que el esquema de blanqueo de capitales objeto de la investigación del Ministerio Público de Panamá es distinto a los hechos confesados por ambos imputados en Estados Unidos.
Incluso, la fiscal recordó los requisitos para que se dé un doble juzgamiento y citó uno de ellos. “La identidad del sujeto que comete la conducta, que se trata de un mismo hecho, y de un mismo motivo”, aseguró.
Agregó que luego de analizar “la conducta de los señores Martinelli Linares” y los antecedentes que fueron suministrados por las fiscalías de asuntos internacionales, se llegó a la conclusión de que en lo “único” que coinciden las investigaciones de Panamá y Estados Unidos es en “las partes”. Insistió en que no se trata ni de los mismos hechos ni de los mismos delitos.
Ricardo Alberto y Luis Enrique le confesaron a un juez de Nueva York que blanquearon la plata de Odebrecht, siguiendo instrucciones de su padre.
En la audiencia de este miércoles con la juez Marquínez, la fiscal Morcillo sustentó la acusación contra Martinelli Berrocal y pidió enjuiciarlo por presunto blanqueo de capitales. Contó que en el esquema de sobornos, el expresidente aparece identificado con el seudónimo “Aguia” y, acto seguido, presentó una gráfica con todas las transferencias realizadas por Odebrecht, que beneficiaron a este personaje.
Una de esas sociedades alimentadas por la Caja 2 de Odebrecht llevaba el nombre de Richeliu. Su beneficiario “al 100%” era el exgobernante.
La fiscal también dijo que los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) usaron varios circuitos o jurisdicciones para lavar el dinero: Suiza, Andorra, España, Estados Unidos y Panamá.
Sustentó además que entre 2009 y 2015, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, “recibieron, transfirieron y convirtieron los pagos ilícitos” desde al menos una docena de sociedades. Además, narró que usaron tres esquemas de lavado de dinero.
La audiencia preliminar por el caso Odebrecht es transmitida por el Órgano Judicial.
La fiscal Morcillo también pidió enjuiciar a Aaron Mizrachi Malca, cuya sociedad Caribbean Holding Ltd. recibió dineros de Odebrecht, a través de transferencias realizadas por Constructora Internacional del Sur.
Según la investigación, los dineros que recibió Mizrachi Malca fueron posteriormente transferidos y puestos a disposición de Ricardo Martinelli Berrocal y sus dos hijos, Importadora Ricamar, Juan Carlos Varela y Riccardo Francolini. Para todos ellos, el Ministerio Público pide juicio por presunto blanqueo; incluyendo a Importadora Ricamar, la única persona jurídica imputada en esta causa.
En su declaración indagatoria, Mizrachi admitió que aceptó participar en el esquema, porque se lo pidió Martinelli, quien por 17 años ha sido su cuñado. Mizrachi declaró que Martinelli le dijo que no podía confiar en más nadie para esta tarea.
La fiscal remarcó que todos estos ilícitos están acreditados y pueden ser probados, y para eso “ni tengo que gritar, ni tengo que insultar ni tengo que irrespetar a la juez y a las partes”.
En determinado momento, cuando la fiscal hizo una pausa en su alegato, la juez Marquínez anunció multas para los abogados defensores Alma Cortés y Roniel Ortiz, de $25 cada uno.
“Durante todo el acto de audiencia, ustedes dos han estado conversando y no solo hoy”, indicó la juez.
Cortés y Ortiz pidieron reconsideración de la multa, pero Marquínez mantuvo su decisión.
Ortiz, abogado de “las señoras denominadas periquitas”, protestó.
“No siga, licenciado, porque de lo contrario me veré obligada a expulsarlo de la sala”, replicó Marquínez. Solo así, Ortiz se calló.
Morcillo reiteró el llamamiento a juicio para todos los imputados mencionados en esta nota, incluyendo además a Federico Suárez y Riccardo Francolini.
“Hemos sido duramente cuestionados y hoy la ciudadanía ve el trabajo reflejado”, dijo la fiscal.
Con esto, la fiscalía concluyó sus alegatos y correspondió el turno del abogado Carlos Muñoz Pope, quien representa al Ministerio de Seguridad Pública, quien en esta causa es reconocido como querellante.
“Es importante que el país sepa que hubo un festín y una danza de millones”, señaló.
Muñoz Pope contó que, además de ejercer el derecho penal, es docente universitario. “Veo con mucho honor que mi alumna Ruth Morcillo esté encabezando este trabajo”. No dijo lo mismo del grupo de abogados defensores, donde reconoció a varios de sus antiguos estudiantes. “Hoy no estoy con ellos”, le dijo a la juez.
Reprochó que en el expediente no se investigaron los delitos de peculado y asociación ilícita, “y evidentemente lo hubo”.
“Hay un grupo de individuos que se dedicó a organizar la estafa del siglo”, agregó.
El abogado querellante pidió a la juez que acogiera la solicitud de llamamiento a juicio para todos los imputados, aunque contó que en algún momento pensó pedir sobreseimiento para dos imputadas: Michelle Lasso y María Bagatelas de Papadimitriu, madre del exministro Demetrio Papadimitriu.
“Ahí hay constancia que la señora Bagatelas no negoció con Odebrecht lo que le dieron al hijo. Eso lo hizo el papá y se murió. Pero ya sus defensores pidieron proceso abreviado”. Lo mismo -según él- ocurrió con Michelle Lasso, que está imputada por aparecer en sociedades que utilizó su padre, el médico Jaime Lasso, para recibir los dineros de Odebrecht. Michelle “se encontró con el tamal. no se dio cuenta”. Según Muñoz Pope, los abogados de las señoras Lasso y Bagatelas las “hundieron” cuando pidieron acogerse al proceso abreviado y, con eso, han “reconocido” que cometieron los ilícitos.
“Aquí hay sobrados elementos e indicios graves que indican que debe haber enjuiciamiento”, remarcó.
A las 5:45 p.m., la juez cerró la sesión por este miércoles. La audiencia se reanudará el jueves 22 de septiembre, a las 9:00 a.m., abriendo la fase de alegatos de los abogados defensores.
El primero será Roniel Ortiz.
