La fiscalía de Nueva York pide una condena de 108 meses (9 años) a 135 meses (11 años y 3 meses) para Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ambos confesos de haber conspirado para blanquear $28 millones en coimas entregadas por la contratista brasileña Odebrecht, “para beneficio de un familiar cercano y alto oficial del gobierno panameño”, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015.
Así consta en las notas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York envió al juez Raymond J. Dearie, quien el próximo 20 de mayo debe dictar sentencia a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Una nota, de 17 páginas, está dedicada a Ricardo Alberto y la otra, de 19, a Luis Enrique, aunque el contenido de ambas es similar, dado que se les acusa de los mismos hechos y las condiciones de ambos son iguales. Algunas frases han sido tachadas.
La fiscalía apunta en su escrito que el Departamento de Libertad Condicional recomendó una sentencia superior, de 180 meses (15 años) de prisión, así como un pago de $250 mil, dado que no se observaron causales que habrían podido “mitigar” la condena.
En su recomendación al juez, la fiscalía tomó en cuenta tres factores: la gravedad de los cargos; la poca colaboración de los acusados y la fuga que ambos llevaron a cabo en junio de 2020, lo que fue considerado como “un intento por evadir sus responsabilidades por los crímenes cometidos”.
De ese modo, la fiscalía se opone rotundamente a la pretensión de los abogados de Ricardo Alberto y Luis Enrique, que hace una semana solicitaron su excarcelación al juez Dearie, por considerar que los 23 meses que sus clientes han estado detenidos preventivamente (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn) es la pena de prisión que les correspondería por haberse declarado culpables del delito de conspiración para lavar dinero, utilizando el sistema bancario estadounidense.
La fiscalía señala que aunque los acusados alegan que los 23 meses de prisión preventiva son suficiente castigo, porque -según sus abogados defensores- desempeñaron un “simple” rol de intermediarios en la recepción de los dineros de Odebrecht, su participación fue “esencial para la comisión de este crimen y mantuvieron una conducta criminal, sistemática y estratégica, por cerca de seis años”.
Además de manejar sociedades en distintas jurisdicciones y abrir cuentas bancarias para blanquear $28 millones en coimas a beneficio del “alto funcionario del gobierno de Panamá” (cuyo nombre, de momento, sigue sin revelarse en los documentos publicados), los hermanos ejercieron como lobistas de Odebrecht, utilizaron sus contactos con ministros y altos funcionarios del gobierno panameño, e invirtieron el dinero de los sobornos para su propio beneficio y el de sus familias. Una parte de los fondos fue utilizado para adquirir bienes “de lujo”, como un yate de $1.7 millones y un condominio de $1.3 millones en Icon Tower, en Brickell Avenue, Miami, un inmueble frente al mar que por un tiempo fue la vivienda familiar de Luis Enrique.
Igualmente, utilizaron $9.5 millones para invertir en una compañía de servicio telefónico, y otras cantidades (no precisadas) para adquirir bonos y acciones.
Aunque el cargo que se les endilga es por conspirar para lavar $28 millones en coimas de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense, la nota de la fiscalía menciona que la compañía brasileña desembolsó otros $30 millones, depositados en cuentas bancarias en euros a nombre de sociedades fantasmas gestionadas por los dos hijos del expresidente. Ese monto no es parte de la acusación en Estados Unidos. Los dineros eran pagados por el Departamento de Operaciones Estructuradas, que era la oficina que gestionaba las coimas de la constructora. A cambio, Odebrecht recibió contratos de infraestructura pública, adjudicados “con millones de dólares de sobreprecio”, entre los que específicamente se menciona el Metro de Panamá.
“Esta claro que los coacusados y el alto oficial del gobierno de Panamá se beneficiaron de este esquema ideal, a expensas del pueblo panameño”, remarca la fiscalía en su escrito.
Los Martinelli Linares sostienen que colaboraron con las autoridades estadounidenses a partir del año 2018, pero la fiscalía replica que eso no era más que una “fachada”, dado que en el periodo en que se suponía que estaban colaborando, sistemáticamente escondieron información crucial para el gobierno. “Al mismo tiempo, estaban planeando abandonar el país”, lo que finalmente hicieron en junio de 2020, en plena pandemia de la Covid-19, utilizando influencias y conexiones políticas para burlar los cierres de frontera vigentes en aquel momento. Específicamente, la nota menciona que consiguieron ayuda del Ministerio de Salud, para que autorizara el vuelo “humanitario” que traería a los hermanos a Panamá. Para entonces, los Martinelli Linares ya habían consignado fianzas para evitar ser detenidos en Panamá por los casos Odebrecht y Blue Apple, e incluso habían conseguido credenciales diplomáticas del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para movilizarse por la región sin ataduras.
Más adelante, se informa que cuando los Martinelli Linares se evadieron, habían recibido el borrador de un acuerdo de culpabilidad, negociado por sus abogados con la fiscalía.
Sobre el tiempo que permanecieron detenidos en la base militar Mariscal Zavala, en Guatemala, consta en la nota que inicialmente fueron acomodados en un apartamento privado dentro del penal y no en una celda “tradicional”. La fiscalía informa al juez Dearie que ese apartamento fue arreglado por el mismo diseñador de interiores que antes trabajó para Luis Enrique en el condo de Brickell, así como en una mansión en Miami que es propiedad del “alto oficial del gobierno panameño”, pariente cercano de los hermanos. Este decorador llevó a Guatemala los muebles de Ikea que se utilizaron en el apartamento de Mariscal Zavala y ahí estuvieron hasta julio de 2021, cuando los hermanos fueron enviados a un área de mayor seguridad en la base militar, luego de que se conociera un presunto plan de fuga.
Las notas enviadas al juez Dearie (primero por los abogados defensores y luego por la fiscalía) son parte del procedimiento previo a la audiencia de lectura de sentencia, que será el 20 de mayo, a las 4:00 p.m. (hora de Nueva York).
Por lo pronto, Ricardo Alberto y Luis Enrique permanecen detenidos en Brooklyn, donde llegaron extraditados desde Guatemala el 15 de noviembre y el 10 de diciembre de 2021, respectivamente. Luis Enrique se declaró culpable el 2 de diciembre y Ricardo Alberto, el 14 de ese mismo mes. En aquel momento, el juez Dearie informó que la sentencia máxima, que no es apelable, sería de 151 meses de cárcel. Si es superior, entonces sí sería apelable.
En la nota al juez Dearie, la fiscalía también informa que aunque Panamá pidió la restitución de los dineros producto de estos delitos, ha comunicado que podría retirar su solicitud. No obstante, advierte que la Corte podría reconsiderar este tema más adelante, incluso después de que sea dictada la sentencia, el 20 de mayo.
