La fiscalía del Distrito Este de Nueva York solicitó esta tarde a un juez federal que ordene la detención permanente de Luis Enrique Martinelli Linares -quien este lunes 15 de noviembre de 2021 llegó extraditado de Guatemala-, dado el riesgo “significativo” de fuga que conlleva una eventual excarcelación.
“El acusado presenta un riesgo de fuga sustancial y comprobado, y debe estar detenido”, señala una nota entregada por el fiscal federal Breon Peace y la fiscal adjunta Alixandra Smith, y que también suscriben abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La nota fue entregada a la magistrada juez Marcia M. Henry, poco antes de la llegada del acusado a suelo estadounidense, lo cual ocurrió a las 6:25 p.m. de este lunes. Una nota del Departamento de Justicia estadounidense informó que Martinelli Linares, de 39 años de edad, será llevado ante la juez Henry, este martes 16 de noviembre. Es de esperar que en esta primera comparecencia, la defensa solicite la puesta en libertad del acusado o proponga una fianza de excarcelación.
Todavía no se sabe cuándo Martinelli Linares será conducido a la sala del juez federal Raymond Dearie (el juez principal de la causa), para conocer el indictment formalmente presentado en su contra, en febrero pasado, por presuntamente participar en una trama para blanquear coimas pagadas por Odebrecht.
En la nota se deja constancia que Martinelli Linares, asesorado por un abogado estadounidense, había pactado un acuerdo de culpabilidad para resolver su situación procesal, pero aproximadamente el 25 de junio de 2020, cuando la negociación estaba en la recta final y sin avisar a las autoridades, evadió los controles fronterizos y huyó en un bote a Bahamas. En este acuerdo de culpabilidad también participaba el otro hijo del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 42 años de edad.
(2/2) U.S. Attorney Peace: “Combatting bribery and money laundering by extraditing and prosecuting corrupt foreign actors like Martinelli is a priority of the Department of Justice.”
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 16, 2021
En la nota de nueve páginas, entregada este lunes, se cuenta que una vez en Bahamas, los hermanos Martinelli Linares, así como la esposa e hijas de Luis Enrique, abordaron un jet privado con intención de retornar a Panamá, pero dadas las restricciones vigentes en aquel momento por la pandemia de la Covid-19, hubo cambio de planes y el avión tuvo que aterrizar primero en Costa Rica y luego en El Salvador. Después de unos días, ante la imposibilidad de volar a Panamá, los dos hermanos se dirigieron a la frontera con Guatemala, donde llegaron utilizando el servicio de Uber. Como ahí también habían declarado medidas por la pandemia, “burlaron” la restricción utilizando credenciales diplomáticas “que falsamente los acreditaban como oficiales del Parlamento Centroamericano” (Parlacen). La esposa e hijas de Luis Enrique se quedaron en un hotel en El Salvador. Finalmente, como se recordará, los dos hermanos fueron capturados el 6 de julio de 2020, cuando se disponían a tomar un avión privado a Panamá, en el aeropuerto La Aurora, de la capital guatemalteca.
Desde entonces y hasta su extradición, este 15 de noviembre de 2021, Luis Enrique estuvo detenido en la prisión militar Mariscal Zavala, donde todavía permanece su hermano, a la espera de que la embajada estadounidense en Guatemala defina la fecha y hora de su vuelo a Nueva York.
Los fiscales Peace y Smith sustenta la necesidad de mantener la detención de Luis Enrique en el hecho de que, durante los últimos 15 meses, el acusado presentó múltiples recursos en diferentes instancias en Guatemala, a fin de evitar su entrega a Estados Unidos. La extradición fue avalada el 17 de mayo de 2021, por el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, y ratificada el 21 de junio por la Corte de Apelaciones. El 15 de octubre, la Cancillería guatemalteca giró las comunicaciones formales a Estados Unidos y, finalmente, la entrega se completó el 15 de noviembre.
Además, sostiene que la detención preventiva solicitada es consecuente con la gravedad de los delitos que se le atribuyen y la cantidad de evidencia acumulada en su contra.
Igualmente, agrega la carta que Luis Enrique Martinelli conoce bien la acusación y las pruebas en su contra, dado que la negociación para lograr un acuerdo de culpabilidad estaba casi completa cuando se evadió de las autoridades estadounidenses, en junio de 2020.
Panamanian Intermediary in Alleged Bribery Scheme Charged with Money Laundering Extradited to the United States from Guatemalahttps://t.co/06YRngZQhc
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 16, 2021
“Solo dos días después de que el gobierno le comunicara a su abogado sobre algunos términos finales de su acuerdo, Luis Martinelli Linares, junto a su familia y Ricardo Martinelli Linares, se fugó de Estados Unidos, sin avisar, en un esfuerzo que requirió botes, aviones privados y credenciales diplomáticas inválidas, solo para ingresar a Panamá y escapar de Estados Unidos”, señala la nota de los fiscales, que recuerda, además, que la Constitución panameña impide la extradición de sus nacionales.
También hace énfasis en la doble nacionalidad del acusado: panameña e italiana, y a la fortuna familiar, lo que le permite contar con los medios suficientes para evadirse. De hecho, anota que el avión que los esperaba en Guatemala, cuando fue capturado, el 6 de julio de 2020, es de su familia.
“Dadas las acciones de Luis Martinelli Linares durante los últimos años, es claro que tomará medidas extremas para evitar el enjuiciamiento en Estados Unidos y regresar a Panamá, y tiene los recursos para hacerlo”, remarcaron los fiscales.
En la acusación (indictment) presentada a la Corte el 4 de febrero pasado, los fiscales del Distrito Este de Nueva York plantearon tres cargos contra los hermanos: uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos más, por ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.
En aquel indictment, los fiscales anotaron que, si finalmente son condenados, los bienes ligados a los cargos por los que son acusados podrían ser confiscados.
La acusación se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, coincidiendo en gran parte con el mandato presidencial de su padre.
Alixandra Smith es la misma fiscal que llevó el caso contra Odebrecht y su subsidiaria, la petroquímica Braskem, que se cerró con aquel acuerdo, anunciado el 21 de diciembre de 2016, en el que la constructora se declaró culpable de violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y confesó haber pagado $788 millones en sobornos a funcionarios y políticos de varios países, incluyendo Panamá, a cambio de la adjudicación de contratos de obras civiles.
Es a partir de la confesión de Odebrecht que los fiscales de Nueva York arman el caso contra los hermanos Martinelli Linares, acusado cada uno de participar en el esquema como intermediarios en la recepción y pago de aproximadamente $28 millones de dólares en sobornos que beneficiarían a “antiguo miembro de alto rango del gobierno de Panamá”. No se especifica con nombre propio quién sería ese oficial “de alto rango”, pero se añade que es pariente cercano de Ricardo Alberto y Luis Enrique.
De los $28 millones en sobornos declarados por Odebrecht, al menos $19 millones fueron transferidos utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos.
“El gobierno está en posesión de gran cantidad de registros de la base de datos electrónica de la División de Operaciones Estructuradas utilizada para comunicar y mantener registros sobre los fondos para sobornos y coimas pagados en nombre de Odebrecht. Esta base de datos contiene correos electrónicos, información de pagos, solicitudes de transferencia bancaria, registros bancarios y otros registros, detallando el esquema y los sobornos que se pagaron en beneficio del oficial del Gobierno de Panamá, a cuentas bancarias ligadas a Luis Martinelli Linares”, recalcan los fiscales Peace y Smith en su nota a la juez Marcia Henry.
