Las inconsistencias entre las cifras del padrón electoral de San Felipe y los resultados del XXII Censo Nacional de Población y Vivienda en ese corregimiento motivaron a la Fiscalía General Electoral (FGE) a iniciar una investigación de oficio y solicitar al Tribunal Electoral (TE) preparar un censo electoral parcial en esa circunscripción.
Así consta en una nota que el fiscal electoral Dilio Arcia remitió el pasado 5 de septiembre a la Dirección Nacional de Organización Electoral del TE, a fin de determinar la cantidad exacta los electores que están habilitados para las elecciones del próximo 5 de mayo.
El 14 de agosto de 2023, La Prensa publicó un reportaje titulado Padrón electoral del corregimiento de San Felipe no cuadra con el censo, que detalla que en el registro electoral aparecen 3,900 ciudadanos, pero el censo arrojó que allí viven apenas 1,258 habitantes.
Ayer, Octavio Del Moral, de la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, presentó una denuncia ante la Fiscalía Electoral para que se investiguen los cambios de residencia realizados en el padrón electoral del corregimiento de San Felipe.
El XII Censo de Población y Vivienda reveló que en San Felipe residen 1,258 personas, de las cuales 692 están habilitadas para votar; pero, según el padrón electoral del TE, en ese corregimiento hay 3,900 electores.
Según Del Moral, esta brecha tan desproporcionada entre la población de San Felipe y el número de electores aptos para votar tiene su origen en la declaración dolosa de falsa residencia, lo que es un delito electoral, de acuerdo al artículo 527 del Código Electoral.
Por su parte, Luis Rodríguez, coordinador nacional de la oficina de recepción de denuncias de la FGE, explicó que con la publicación de La Prensa se inició una investigación de oficio sobre el tema y que han girado notas a la Contraloría General de la República y al TE, a fin de obtener cifras de la población habilitada para votar en San Felipe.
Rodríguez dijo que la fiscalía agotará las diligencias necesarias para esclarecer esta situación y que se espera tener algún resultado en las próximas semanas.
Explicó que a nivel nacional, la FGE investiga 2,392 denuncias por el delito de cambio doloso de residencia y recordó que la comisión de este delito es sancionado con una pena de cuatro años de prisión, multas que van de $4 mil a $10 mil y la suspensión del ejercicio de funciones públicas.
En el primer circuito jurisdiccional electoral, compuesto por las provincias de Panamá, Colón y Darién y las comarcas de Guna Yala y Emberá Wounan, se investigan 1,569 denuncias. Mientras que en el segundo circuito, que se corresponde a las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, se tramitan 1,011 denuncias.
En tanto, en el tercer distrito, que aglutina a las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, se investigan 352 denuncias.
