Pese a que existe un acuerdo de culpabilidad (todavía no validado ante un juez federal), la fiscalía de Brooklyn pidió que Ricardo Alberto Martinelli Linares -que llegó este viernes a Estados Unidos, extraditado desde Guatemala- permanezca detenido, por considerar que existe un riesgo de fuga.
“La evidencia en este caso es abrumadora”, señaló la fiscal Alixandra Smith en una nota al juez Robert Levy, presentada este 10 de diciembre de 2021, poco después de que el abogado de Martinelli Linares solicitara, por escrito, que el acusado sea liberado bajo fianza. La defensa respaldó su solicitud con una propuesta de fianza de $4.5 millones y adjuntó una copia del acuerdo de culpabilidad en el que su cliente acepta haber participado en un esquema para blanquear hasta $28 millones en sobornos de Odebrecht, para beneficio “de un alto oficial del Gobierno panameño”, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, periodo que incluye todo el mandato presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014).
La identidad de este “alto oficial” se ha mantenido en secreto y solo se sabe que es “familiar cercano” de Martinelli Linares y el otro acusado de esta trama, su hermano Luis Enrique, quien ya se declaró culpable y está detenido en Brooklyn desde el 15 de noviembre pasado, sin derecho a fianza.
La fiscal Smith, en su nota de 11 páginas al juez Levy, apunta que ya se proporcionó información adicional acerca de este “oficial del gobierno de Panamá”, en un documento sellado, presentado el 15 de noviembre. También indica que en el periodo que Odebrecht pagó los sobornos al pariente cercano de los dos acusados, la constructora obtuvo contratos millonarios de infraestructura pública, “incluyendo un proyecto que era una promesa de campaña del oficial del gobierno de Panamá”.
La agencia AFP citó a un funcionario de la fiscalía, que informó que este sábado 11 de noviembre, Martinelli Linares acudirá a una audiencia de arraigo, ante el juez Levy. Posteriormente, el 14 de diciembre, tendrá una audiencia para validar el acuerdo de culpabilidad, con el juez Raymond Dearie.
Los argumentos de la fiscal Smith para oponerse a la fianza de Ricardo Alberto, son muy similares a los que esgrimió en su momento contra la posible excarcelación de Luis Enrique: la gravedad de los cargos; riesgo de fuga comprobado; acceso a recursos económicos y avión privado; conexiones políticas; doble nacionalidad panameña e italiana, con el agravante de que Panamá no extradita a sus nacionales; falta de arraigo en Estados Unidos, y que ambos se evadieron en junio de 2020, cuando ya negociaban acuerdos de culpabilidad con el Departamento de Justicia y el FBI.
En la nota que presentó el abogado del acusado, sostiene que Ricardo Alberto no quiere regresar a Panamá, porque en su país tiene procesos abiertos y le conviene permanecer en Estados Unidos, a fin de obtener “protección de doble juzgamiento”. La fiscal dice estar en desacuerdo con esta afirmación, ya que el acusado todavía tiene una fuerte influencia política sobre el gobierno actual y la prueba de eso es que el año pasado había “convencido” al ministro de Salud (no queda claro si se refiere a Rosario Turner o al actual, Luis Francisco Sucre) de autorizar la entrada al país de su hermano Luis Enrique, burlando así las restricciones sanitarias que en aquel momento solo permitían el ingreso de vuelos humanitarios, por la pandemia de la Covid-19. Esas mismas conexiones políticas son las que le ayudaron a conseguir credenciales “inválidas” que los acreditaban como miembros del Parlacen.
Sobre la fuga de Estados Unidos, en los documentos se describe que ambos se evadieron en un yate que los llevó a Bahamas, con la esposa e hijas de Luis Enrique. En la isla, abordaron un avión privado rumbo a Panamá, pero la nave no pudo aterrizar dadas las restricciones de ingreso vigentes en aquel momento. El avión finalmente llegó de emergencia en Costa Rica y de ahí se dirigió, posteriormente, a El Salvador. En El Salvador se quedó la familia de Luis Enrique en un hotel y él y su hermano utilizaron el servicio de Uber para llegar a la frontera de Guatemala. Como Guatemala también tenía restricciones por la pandemia, utilizaron sus credenciales del Parlacen para finalmente ingresar a ese país. El 6 de julio de 2020, fueron capturados en el aeropuerto La Aurora, de la capital guatemalteca, cuando se disponían a abordar el avión de la familia, con destino a Panamá.
La fiscal Smith sostiene que hay suficiente evidencia contra Ricardo Alberto: récords bancarios de bancos extranjeros y estadounidenses; documentos que prueban que Luis Enrique utilizó la coima para comprar un yate y un apartamento en Miami; correos electrónicos de ejecutivos de Odebrecht que corroboran el esquema utilizado para blanquear la plata, y declaraciones testimoniales de antiguos empleados y agentes de la constructora.
“El gobierno, además, está en posesión de voluminosa información obtenida de la base de datos de la División de Operaciones Estructuradas”, que era la oficina utilizada por Odebrecht para pagar los sobornos. Estos correos electrónicos, estados bancarios y declaraciones indican que se utilizaron sociedades ficticias y cuentas bancarias (algunas en Suiza) para gestionar los pagos ilegales.
La fiscal también replica que la extradición de Ricardo Alberto no fue “voluntaria”, como él alega: por más de un año, presentó recursos para impedir su entrega a Estados Unidos, y se allanó al procedimiento, solo después de que los tribunales de Guatemala (en dos instancias distintas) avalaran la extradición de Luis Enrique.
