La fiscalía de Nueva York defendió la sentencia solicitada para Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, cuando faltan pocas horas para conocer cuánto tiempo pasarán ambos en prisión, cinco meses después de declararse confesos de conspirar para recibir y blanquear $28 millones en coimas de Odebrecht.
“No existen factores mitigantes significativos”, expresó la fiscalía en una nota conjunta con la Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos del Departamento de Justicia, enviada el 18 de mayo al juez Raymond Dearie, de la Corte del Distrito Este de Nueva York. El viernes 20 de mayo, a las 3:00 p.m. (hora de Panamá), Dearie presidirá la audiencia de lectura de sentencia a los Martinelli Linares.
La fiscalía responde de ese modo a la defensa de los dos acusados, que han pedido su excarcelación alegando que los 23 meses que han estado en prisión preventiva es la pena que les correspondería por el delito admitido. Los fiscales piden una pena mínima de 9 años de prisión y máxima de 11 años y 3 meses. La defensa asegura que esa sería la condena más alta aplicada, por ese delito, en el Segundo Distrito.
Los abogados defensores, que también han escrito al juez Dearie (lo hicieron el 29 de abril y el 6 de mayo pasado), han tirado de hemeroteca y señalan que otros acusados, por casos similares, han recibido condenas similares a las que ellos solicitan. Como referencia, citan el caso de Donville Inniss, un exministro de Barbados que fue condenado a dos años de prisión por lavar sobornos de una compañía de seguros, a través de cuentas bancarias de Nueva York.
“Inniss solo aceptó dos sobornos en un periodo de casi un año, que sumaron $36 mil, lo que, desde cualquier punto de vista, es una conducta delictiva de una escala completamente diferente a la que los acusados llevaron a cabo aquí”, replicó la fiscalía en su escrito al juez.
Otro ejemplo citado por la defensa es el del paraguayo Juan Ángel Napout, el expresidente de Conmebol sentenciado a 108 meses de prisión blanqueo de capitales y fraude electrónico. Al respecto, la fiscalía reconoce que la conducta de Napout “es mucho más análoga a la de los acusados, ya que se le responsabilizó de una trama de sobornos de larga duración”. No obstante, advierte que al exdirigente deportivo se le prometieron $25 millones en coimas, pero al final solo recibió $3.3 millones.
La fiscalía señala además que en su recomendación de sentencia se tomaron en cuenta los hechos y las circunstancias específicas “de este caso y de estos acusados”.
Los abogados de Ricardo Alberto y Luis Enrique han dicho que sus clientes aportaron “una montaña de pruebas” y han sido “de singular ayuda” para ubicar y repatriar fondos que, de otro modo, “estarían fuera del alcance del gobierno”.
Frente a esto, la fiscalía reconoce que recibió “información útil”, pero no “clave”, y que esa cooperación no fue “de buena fe... Y, en última instancia, trataron de utilizar su privilegio, riqueza y poder para frustrar la investigación y evitar asumir la responsabilidad de sus acciones en Estados Unidos”. Igualmente, menciona que los dos acusados han ofrecido información de “hechos inusualmente detallados” en sus declaraciones de culpabilidad, “para que quedara claro a las autoridades de Panamá el alcance de la conducta cubierta por sus declaraciones en Estados Unidos”.
La nota a Dearie tiene apenas tres páginas, pero los fiscales se despiden indicando que en la audiencia del 20 de mayo responderán otros argumentos planteados por la defensa. En la nota, hay todo un párrafo tachado, lo que podría indicar que ahí está el nombre del “alto funcionario de Panamá”, “familiar cercano” de Ricardo Alberto y Luis Enrique, que se benefició con los sobornos que éstos blanquearon, entre agosto de 2009 y septiembre de 2015.
El nombre de ese familiar no ha sido divulgado hasta ahora y es usual que la fiscalía presente documentos al juez donde hay varias frases tachadas.
La fiscalía remarcó en su nota a Dearie que los sobornos recibidos de Odebrecht beneficiaron a los dos acusados y no solo al “alto funcionario”. Agrega que ambos tenían control sobre los dineros “y por eso fueron capaces de repatriarlos para fines de confiscación”. Antes, la defensa se había quejado de que la fiscalía no hacía distinción entre los fondos “que pasaron por, pero no para Rica y Luis”.
