El caso New Business, proceso en el que se investiga la compra de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) con fondos presuntamente públicos, dio un paso importante en los tribunales: ayer martes 23 de mayo se celebró el primer día de juicio a los 21 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
El acto, que se desarrolla en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, despacho ubicado en el Palacio Gil Ponce, se inició a las 9:33 a.m. La Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, a cargo de toda la instrucción, estuvo representada por el fiscal superior Emeldo Márquez, el fiscal de circuito Gilberto Augusto Arona Cárdenas y la fiscal Uris Vargas.
Luego se presentó cada uno de los abogados de los procesados y algunos de los imputados que estaban en la sala. Entre estos últimos estaban José Corcione, Marco Ángel, Vernon Salazar, Daniel Ochy y Gonzalo Gómez. Otros imputados seguían el juicio de manera virtual. El gran ausente: el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, accionista principal de Epasa. Tampoco se presentó David Ochy.
La juez Baloisa Marquínez, ante la ausencia de Martinelli, preguntó si en la sala se encontraba alguno de sus abogados. En ese momento salió a relucir que Luis Eduardo Camacho González, defensor principal de Martinelli, tiene covid-19, por lo que presentó un certificado médico de incapacidad. Marquínez le pidió a Ricardo Massa, de la defensa pública, que asumiera la representación del exgobernante.
Se dio a conocer que el expresidente también presentó una incapacidad médica. La semana pasada, cuando solo faltaban seis días para el juicio, su vocero Luis Eduardo Camacho Castro se encargó de divulgar una fotografía en la que se observa al exgobernante en una cama de hospital. Luego aseguró que su jefe había sido operado de la columna por tercera vez.
Las cartas de Oliver Quiel Miranda
Después que se presentó a Massa como defensor público de Martinelli, apareció en escena el abogado Oliver Quiel Miranda, quien dijo tener un poder que lo acredita como abogado sustituto de Martinelli.
New Business: Defensa de Ricardo Alberto Martinelli Berrocal presenta al abogado Oliver Quiel Miranda como abogado sustituto. pic.twitter.com/L1aMFadOke
— La Prensa Panamá (@prensacom) May 23, 2023
En los siguientes 50 minutos, Quiel presentó una solicitud de impedimento contra la juez (por la relación sentimental que habrían tenido hace 17 años), anunció un recurso de reconsideración, solicitó que se reprogramara el juicio, presento un certificado médico de incapacidad y un informe del médico internista Julio Sandoval y pidió un receso de 15 minutos para acudir al baño.
Todas las solicitudes fueron rechazadas por la juez. Sobre el pedido para reprogramar el juicio, recordó que el artículo 2268 del Código Judicial impide suspender las fechas de juicio, cuando estas ya han sido pospuestas una vez. En este caso, el juicio de New Business se celebró en la fecha alterna.
En cuanto a la condición médica del expresidente, el 17 de mayo de 2023 se aportó un informe firmado por el médico internista Julio Sandoval, donde se acredita que se encuentra en fase de recuperación de una intervención quirúrgica en la espalda. Sandoval informó que Martinelli debe realizar una terapia de rehabilitación por 60 días.
Una vez más, Marquínez desestimó la petición al explicar que la enfermedad alegada por Martinelli no es una dolencia repentina y que la fecha de audiencia fue fijada con meses de antelación. No es la primera vez que Martinelli se hace una cirugía de espalda la víspera de un juicio: lo hizo con el caso de los pinchazos, hace dos años. Ese caso también era en el tribunal de Marquínez, quien en aquella ocasión tampoco quiso posponer nada y, cuando Martinelli se enteró de eso, apareció en la sala con ayuda de una andadera. Aquello ocurrió en el año 2021.
Todo el país fue testigo de lo que ocurría con Quiel, ya que el acto fue transmitido en directo por el Órgano Judicial en su canal de YouTube y retransmitido por prensa.com.
Poco después, Quiel fue reemplazado por los abogados Carlos Carrillo y Alfredo Vallarino, del equipo legal que usualmente defiende a Martinelli en sus procesos.
Los abogados Gladys Quintero, Abril Arosemena, Basilio González, Rodolfo Palma, Rosendo Miranda y Joy Torres solicitaron a la jueza la lectura del auto de llamamiento a juicio. Y de ese modo transcurrió el resto del primer día de juicio.
Los argumentos
La lectura del auto de llamamiento a juicio se inició a las 10: 44 a.m. y concluyó a las 5:15 p.m. Se concedió una pausa para almorzar y en la tarde se decretaron dos recesos. De la lectura del documento, se pudo conocer que la compra de Epasa se gestó a través de una intrincada red de sociedades anónimas que recibieron dinero proveniente de empresas que, a su vez, recibieron contratos para obras de infraestructura en el gobierno en el periodo 2009-2014, época en que Martinelli era presidente de la República.
Parte de esos fondos fueron a parar a una sociedad canasta llamada New Business.
Se leyeron las pruebas que aportó la fiscalía en la vista fiscal de la causa. Por ejemplo, la declaración de un testigo protegido que relató que Martinelli contactó a varios empresarios cuyas compañías eran contratistas del Estado. En esa lista están Condote Panamá y Asociados, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Transcaribe Trading (TCT), Excavaciones del Istmo y Financial Pacific (FP), entre otras. Martinelli, de acuerdo con la fiscalía, solicitó un porcentaje a los contratistas y, con esa plata, concretó la compra de Epasa. El intermediario habría sido Riccardo Francolini, hombre de confianza de Martinelli y quien en aquella época presidió la junta directiva de la estatal Caja de Ahorros.
Otro testigo protegido relató que Gonzalo Gómez Wong, último beneficiario de Excavaciones del Istmo, entregó un aporte de $2 millones y que para ello adquirió un préstamo de factoring que se le canceló a través de un contrato con el Estado, por $27 millones, para realizar obras en Panamá Oeste. Gómez está imputado en esta causa.
También salieron a relucir declaraciones de los españoles Julio Casla García y Eugenio Del Barrio Gómez, directivos de FCC, quienes narraron a la fiscalía que Martinelli los contactó a través del abogado Mauricio Cort (quien en España ha sido identificado como “testaferro” del expresidente) y se les informó que todas las facturas por pagar de FCC tendrían un recargo del 10%.
En ese momento, FCC tenía a su cargo el proyecto de la Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud).
En el auto de llamamiento a juicio también consta el testimonio del abogado Ricardo Chanis, quien fue presidente de Epasa.
Chanis le dijo al Ministerio Público que el 60% de las acciones de la empresa están bajo el control de Martinelli. El 40% restante lo tenía Henry Mizrachi Cohen, quien -según el Ministerio Público- traspasó algunas acciones al Estado panameño, cuando supo de la investigación por presunto blanqueo.
Y así, funcionarios judiciales leían cada una de las pruebas que recolectó la fiscalía para solicitar el llamamiento a juicio de los imputados. La lectura del auto de llamamiento a juicio sigue hoy.
Pocos antes de concluir la sesión (5:30 p.m.), el abogado Alfredo Vallarino pidió a la juez que reconsiderara su decisión de no suspender el juicio por la condición de salud de Martinelli.
Vallarino aportó una certificación del neurocirujano Ricardo Bermúdez, que supuestamente dice que la intervención quirúrgica realizada a Martinelli fue con carácter de “urgencia”.
La juez corrió traslado al fiscal Márquez, quien alegó que el recurso no estaba entre las resoluciones que son recurribles durante la fase de juicio. Marquínez dio la razón al fiscal y rechazó la petición presentada por Vallarino.
El juicio se reanuda hoy miércoles, a las 9:00 a.m.
