Kenia Porcell, procuradora hasta el próximo 1 de enero de 2020, se despide del cargo con un informe en el que reivindica su lucha contra una “organización criminal” que, desde el poder “político, económico, social y mediático”, desvió “a sus bolsillos” más de mil millones de dólares de las arcas públicas.
De esa cantidad, asegura que ya se ha recuperado $416 millones.
En el informe, divulgado este viernes 20 de diciembre, Porcell remarca que en sus cinco años al frente del Ministerio Público se investigaron 116 casos de corrupción; más del 75% aguarda la celebración de una audiencia, “lo que significa que la justicia penal no cumple sus fines cuando se enfrenta al poder económico, político, social o mediático”.
Porcell pide a la población estar vigilante “y exigir que los procesos concluyan con el castigo de los responsables y el reintegro del dinero público”.
“Pensemos en nuestros hijos. No merecen un país donde el delito y los intereses particulares estén sobre la ley, la Constitución y la justicia”, remarcó.
En las 82 páginas del informe hay espacio para explicar en qué etapa se encuentran los casos más relevantes instruidos en los últimos cinco años. Sobre los sobornos de Odebrecht, precisa que la causa se encuentra a la espera de que el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá atienda un amparo de garantías presentado por la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, para ampliar los plazos de investigación. Se han girado 122 asistencias internacionales y recibido 35 respuestas; se han validado 16 acuerdos de pena y de colaboración, y se han imputado a 82 personas por la presunta comisión de delitos que van desde el blanqueo de capitales y el soborno internacional, hasta la corrupción de funcionarios públicos. Según el Ministerio Público, la Fiscalía Especial Anticorrupción ha “recuperado” $266.8 millones.
En pausa también está, desde el 22 de junio de 2018, la investigación por presunto blanqueo de capitales a través de la cuenta de inversión de la sociedad Jal Offshore Ltd., a través de la extinta casa de valores Financial Pacific. La causa está suspendida a la espera de que el magistrado ponente Abel Zamorano (quien termina su mandado el próximo 31 de diciembre) decida sobre tres amparos de garantías constitucionales interpuestos por las abogadas Marcela Araúz y Guillermina McDonald, defensoras de Ramsés Owens y Ramón Carretero Napolitano, respectivamente.
La Fiscalía Especial Anticorrupción también adelanta la investigación por las irregularidades en el proyecto de ampliación del tramo II del Corredor-Vía Brasil, en el que -según una auditoría de la Contraloría- se determinó un sobreprecio de $41.7 millones. Hay 14 personas vinculadas a la presunta comisión del delito de peculado. “También se formuló caros al representante legal de la persona jurídica de la empresa constructora”; el contratista de la obra en la firma de capital español FCC.
Sobre la investigación por los sobornos pagados a funcionarios por contratistas del Estado a través de la sociedad Blue Apple, se han pactado 9 acuerdos de colaboración y de pena. Se envió una vista fiscal con solicitud de llamamiento a juicio al Juzgado Decimoctavo Penal.
También se hace un recuento de varias causas relacionadas con compras -de alimentos deshidratados, de llantas, de instrumentos musicales, de granos...- con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) entre los años 2009-2014. Sobresale que a uno de los exdirectores del PAN se le investiga por presunto blanqueo de capitales, luego de que se le vinculara a una cuenta de $42 millones en un banco suizo; a otra con $17 millones en Gran Caimán, y a varias en Miami, por $80 millones. En esta ciudad estadounidense, además, se le encontró una mansión valorada en $4 millones, en Coral Gables.
El informe también destaca la investigación por los contratos por servicios profesionales (planillas 080 y 172) y las donaciones gestionadas por los diputados en el quinquenio 2014-2019. La causa está suspendida desde el 22 de noviembre de 2019, ya que se solicitó al juzgado la declaratoria de causa compleja. En cuanto a la investigación por el manejo de fondos a través de juntas comunales, hay 46 imputados por presunto peculado y el plazo de instrucción vence el 27 de febrero de 2019. La lesión patrimonial, según una auditoría de la Contraloría, es por $3.3 millones. Hay diputados del periodo actual ligados a estos hechos, por lo que se debe remitir compulsa de copias a la Corte, para su correspondiente procesamiento, conforme dicta la Constitución.
En cuanto al caso New Business, el juzgado extendió los plazos de investigación hasta el 26 de marzo de 2020. Aquí se investiga la participación de 18 personas y cuatro sociedades que movilizaron $43.9 millones, presuntamente para la compra de las acciones del grupo editorial Epasa. La investigación ha determinado hasta ahora que en la compra de utilizaron fondos públicos desembolsados previamente a contratistas del Estado. Por este caso, el Ministerio Público envió a Estados Unidos una solicitud de excepción a la regla de especialidad que rige el principio de extradición, para poder investigar al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). Según la regla de especialidad, Martinelli solo puede ser investigado por aquel caso por el que fue extraditado por Estados Unidos a Panamá, el 11 de junio de 2018: el de los pinchazos.
Precisamente ese es otro caso documentado en el informe final de la procuradora. Está pendiente de resolver un recurso de anulación y otro de casación, presentado por los fiscales y las víctimas de la causa, contra la decisión de los tres jueces que el 9 de agosto declararon a Martinelli no culpable de los delitos de espionaje político y peculado.
Porcell fue designada procuradora hasta diciembre de 2024, por el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Renunció al cargo, luego que se conociera el contenido de sus mensajes por WhatsApp con el exgobernante.
A partir del 2 de enero de 2020, la reemplazará el exfiscal Eduardo Ulloa.
