En mayo de 2016, faltando apenas unos meses para la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial (que abarca las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Darién y cuatro comarcas indígenas), el pleno de la Corte Suprema de Justicia comenzó una maratón de entrevistas y evaluaciones para llenar los cientos de cargos judiciales que empezarían funciones a partir del 2 de septiembre de ese año.
Aunque una cantidad importante de las designaciones fueron apropiadas, otras recayeron sobre favoritos de los entonces magistrados del máximo tribunal, entonces presidido por el magistrado José Ayú Prado. Estos funcionarios son el principal músculo de la justicia penal actualmente.
Poner la casa en orden
El 15 de enero del 2018, el país enfrentó uno de los habituales sobresaltos de la justicia panameña: una parte del expediente del caso Financial Pacific se cayó de una motocicleta, en la carretera Interamericana, a la altura de Loma Cová. Resultó que el motociclista era el juez de la causa, el cual fue separado del cargo. Sin embargo, no se hizo una auditoría exhaustiva de la gestión de expedientes de alto perfil en el Órgano Judicial.
Este año, a su llegada a la presidencia de la Corte, la magistrada María Eugenia López Arias impuso una nueva dinámica en el Órgano Judicial, que incluyó la declaratoria de interinidad de todos los funcionarios del SPA del Primer Distrito Judicial, para cumplir con la carrera judicial (como dicta la Ley 53 de 27 de agosto de 2015) y someter esos cargos a concurso para que tengan un designado con estabilidad y permanencia.
Mientras este engorroso proceso de abrir las posiciones a concurso, convocar a los mismos y efectuar las designaciones avanza, la resistencia dentro del propio Órgano Judicial a cambiar las viejas mañas sigue firme. Dentro del catálogo de horrores a los que ha tenido que hacer frente la gestión de López Arias está el de un juez civil que escondía expedientes, así como funcionarios del SPA que facilitaban información al crimen organizado y otros cuyos intereses no eran, precisamente, la administración de justicia en nombre de la República de Panamá.
A diferencia de algunos de sus antecesores, que intentaron avanzar reformas a la justicia que no pudieron completar, López Arias cuenta con dos ventajas importantes. La primera es que en el año 2023, el presupuesto de la justicia panameña será la totalidad de lo solicitado por el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto permite llenar las vacantes de recursos humanos y habilitar mejores instalaciones para el servicio público de justicia. Igualmente, aumentará la carga de casos penales por la mayor disponibilidad de recursos en el Ministerio Público, así como también se incrementarán los casos civiles por el efecto de los incumplimientos contractuales vinculados a la pandemia de la covid-19.
La segunda gran ventaja de la gestión de López Arias es la existencia de una sólida mayoría de 7 votos de 9 miembros en el pleno de la Corte Suprema a partir del próximo 3 de enero del 2023, cuando tome posesión la magistrada Ariadne García, en reemplazo de Ayú Prado. Este bloque representa la mayoría en todas las salas de la Corte y, por supuesto, en el pleno. Este balance debería favorecer a la agenda de reformas y se mantendría vigente incluso con la designación de los reemplazos de Cecilio Cedalise y Ángela Russo por el próximo gobierno, en 2025, dado que estos dos magistrados se han convertido en la minoría perenne de un número importante de decisiones judiciales.
La justicia civil empieza a volar
Paralelamente, a la transformación radical de la justicia penal por el SPA, la jurisdicción civil del Órgano Judicial ha dado pasos agigantados en materia de digitalización y, por ende, transparencia y eficiencia. Además del Registro Único de Expedientes (RUE), en vigencia desde antes que llegara López Arias, actualmente los juzgados civiles del Primer Distrito Judicial desarrollan un modelo de sistema de gestión digital que tendrá efectos significativos sobre los procesos civiles y, en consecuencia, en la economía panameña. El nuevo sistema permite no solo la notificación inmediata de las partes, sino que va en vías de que la totalidad de la tramitología del proceso, con excepción de las audiencias, sea totalmente digital.
La justicia civil tiene otro importante hito que superar: el anteproyecto de Código Procesal Civil. A diferencia de la jurisdicción penal, la civil se sigue llevando con las reglas y conceptos del siglo pasado, con una normativa contenida en el Código Judicial que entró en vigencia en 1986, pero que estaba inspirada en la legislación procesal colombiana de 1970.
Se espera que en el año 2023, la creación del Código Procesal Civil sea debatida por la Asamblea Nacional. Entre los principios que contiene esta iniciativa está una mayor digitalización de todos los trámites de esta jurisdicción, la sustitución de los engorrosos procesos escritos por una mayor oralidad y la incorporación de vías alternas de solución de las controversias jurídicas, como una opción para las partes en litigio.
Grandes decisiones en ciernes
Durante 2023, la Corte deberá emitir importantes decisiones sobre la constitucionalidad de la participación de aspirantes a cargos de elección por la vía de la libre postulación, que son a la vez inscritos en partidos políticos, así como el tope del número máximo de candidatos por la libre postulación para un cargo electoral. Igualmente, la Corte deberá emitir su sentencia sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario y en la más relevante de sus salas, la Tercera de lo Contencioso Administrativo, se deberá considerar la controversia de la demanda contra el Banco Nacional de Panamá por el empresario Abdul Waked, quien solicita una indemnización de unos $1,200 millones.
En el próximo año, dos importantes audiencias de fondo de casos de corrupción de alto perfil tendrán lugar ante la juez Baloisa Marquínez, del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales. Se trata de la causa denominada New Business, sobre presunto blanqueo de capitales vinculado a la compra de la Editora Panamá América, S.A. (Epasa) presuntamente con fondos públicos, y el caso Odebrecht, relacionado al pago y gestión de sobornos multimillonarios desembolsados por la empresa constructora brasileña.
En ambos procesos, está involucrado como acusado el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), por lo que las decisiones judiciales tendrán mucha relevancia para la carrera electoral hacia la presidencia de la República en el año 2024. El de Odebrecht también alcanza a su sucesor Juan Carlos Varela (2014-2019).
A pesar de la atención que reciben estas causas célebres, la justicia panameña sigue enfrentando otro problema trascendental: el del hacinamiento penitenciario. Actualmente, los centros carcelarios rebasan en un 50% la capacidad máxima de sus instalaciones. El balance entre los derechos humanos de los privados de libertad y la seguridad ciudadana es sumamente delicado.
El predominio de medidas como los acuerdos de pena y la conversión de condenas cortas en días multa o trabajo comunitario, genera una gran incomodidad entre la ciudadanía. En la Asamblea Nacional ya existen proyectos de ley que incrementarían las penas en el delito de homicidio o que reducirían las oportunidades para aprovechar mecanismos tan favorables a los privados de libertad. Este debate no es fácil, ya que si se endurece en exceso el sistema procesal penal, se puede perder alguna de las ventajas del SPA.
En todo caso, 2023 tendrá al Órgano Judicial como uno de los grandes protagonistas de la noticia, los procesos políticos y la vida cotidiana de los panameños. Es importante que todos sus funcionarios comprendan que la justicia no es solo papeles sellados o teclas en la pantalla de una computadora, sino también decisiones responsables, a tiempo y bien fundamentadas, que protejan los derechos de todos y respeten el debido proceso de sus usuarios.
