La magistrada Ariadne García será la ponente del recurso de casación penal presentado por el abogado Carlos Carrillo, en favor de Ricardo Martinelli Berrocal, contra la sentencia (ratificada por un juzgado y un tribunal) a 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones por el delito de blanqueo de capitales.
El reparto se decidió ayer. Las otras dos magistradas de la Sala Segunda de lo Penal son María Eugenia López Arias y Maribel Cornejo.
A partir de este martes 19 de diciembre y por un plazo de ocho días, la Sala Segunda ha fijado un edicto para comunicar a las partes sobre el ingreso del recurso de casación.
Un recurso de casación es aquel presentado para enmendar supuestos “agravios” a las partes, inferidos en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada.
Según el artículo 2339 del Código Judicial, una vez concluya al término de los ocho días de fijación del edicto, la magistrada García deberá decidir si admite o no el recurso de casación, para lo que debe valorar si el mismo cumple con los siguientes requisitos:
1. Si la resolución objeto del recurso (en este caso, la sentencia condenatoria proferida por el juzgado penal) es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley;
2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno;
3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne los siguientes requisitos: historia concisa del caso; listado de causal o causales, y se especifican los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.
4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.
Si no concurrieren los cuatro requisitos mencionados, la magistrada García se limitará simplemente a negar la admisión del recurso.
El 17 de julio pasado, la juez Baloisa Marquínez, titular del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, encontró a Martinelli (y a cuatro personas más) culpable del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business, al determinar que se utilizaron fondos públicos para adquirir las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010, cuando Martinelli era gobernante.
En la investigación se probó que Martinelli es el beneficiario del 60% de las acciones de Epasa. La juez Marquínez también ordenó el comiso de esas acciones. El 40% restante ya está en manos del Estado.
La decisión de la juez fue confirmada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, el 24 de octubre.
Esta sería la segunda maniobra legal de Martinelli contra la sentencia de la juez Marquínez. La fallida apelación ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales fue la primera.
La Sala Penal es la última instancia para recurrir la sentencia condenatoria. Si las magistradas rechazan los argumentos del abogado Carrillo, la sentencia deberá ser ejecutada.
El pasado lunes, un grupo de simpatizantes de Realizando Metas (RM), el partido político fundado por Martinelli, realiza una protesta frente a la sede del Órgano Judicial. Por ahí han pasado el propio Martinelli, su esposa Marta y José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente de RM en las elecciones de mayo de 2024.
