Nancy Abigaíl Góngora Guerrel, pareja sentimental del extraditado Rubén Camargo Clarke (alias Cholo Chorrillo), señalado por las autoridades como cabecilla de la banda Bagdag, fue imputada por la Fiscalía de Drogas como presunta testaferra de esa organización.
Durante una audiencia celebrada el pasado viernes 17 de marzo, la jueza de garantías, Diana García, le imputó cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y ordenó su detención preventiva inmediata.
La jueza alegó que la imputada, que fue extraditada el pasado jueves de Costa Rica (donde residía, al igual que Cholo Chorrillo), nunca compareció personalmente al proceso en su contra, abierto desde 2021, cuando las autoridades, a través de la operación Neptuno, detuvieron a 21 miembros de la red liderada por Camargo.
La jueza también desestimó una moción de su abogado defensor para que le concediera una medida de depósito domiciliario y así amamantar a su hija, que nació hace seis meses. El padre de la niña es Camargo. La jueza decidió que la mujer permanezca detenida por la gravedad del delito que se le imputa y considerando, además, que es lo más seguro para la bebé.
En tanto, la fiscal de Drogas, Gleecy Hernández, alegó que Góngora era parte del esquema usado por la red liderada por su pareja para blanquear el dinero proveniente de la venta de drogas, a través de la compra de bienes inmuebles, como una residencia en Eco Gardens, en el distrito de Arraiján, y la apertura de negocios “fachada”.
La fiscalía citó un informe de la Dirección de Investigación Judicial en el que se establece que la imputada mantenía dos negocios (incluyendo una empresa de courier) usados para blanquear e incluso manejar remesas de dinero.
Esta investigación se inició en 2017 y las autoridades tienen información de que la red introducía droga al país procedente de Colombia, por El Chorrillo, Boca La Caja, Panamá Oeste y la isla de San Miguel. Además, sus integrantes estaban ligados a varios homicidios.
La operación Neptuno, que contó con el apoyo de la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), se desarrolló en Boca La Caja, El Chorrillo, Alcalde Díaz, Don Bosco, Howard, Arraiján, La Chorrera, Capira y en la Isla San Miguel.
Según las pesquisas, Bagdad contaba con la colaboración de operadores de botes artesanales que alertaban a la organización sobre los movimientos de las patrulleras del Senan.
En la investigación, que contó con el aporte de la agencia estadounidense de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se pudo determinar que los cabecillas de esta red supuestamente daban apoyo logístico a lanchas rápidas con droga procedentes de Colombia. La asistencia consistía en la entrega de combustibles y provisiones.
El pasado 2 de marzo, Costa Rica extraditó a Estados Unidos a Camargo, requerido por la DEA por delitos de narcotráfico. Había sido arrestado en Costa Rica el 11 de febrero de 2022 y tres días después rechazó la extradición voluntaria. Fue la DEA la que alertó de la presencia de Cholo Chorrillo en ese país. Se le vincula con unos 70 homicidios y como responsable de movilizar cocaína desde Colombia hacia Panamá, para luego enviarla a Estados Unidos.
Los organismos de inteligencia creen que Camargo fue sustituido en el organigrama de Bagdad por Jaime Powell Rodríguez, alias Yunya, detenido en España el pasado 20 de febrero y acusado por las autoridades de ese país de narcotráfico y lavado de dinero.
Defensa alega que fiscalía no ha probado ilícito
Alfredo González, abogado defensor de Góngora, rechazó los señalamientos de la fiscalía y aseguró que a la fecha no existe una sola prueba que vincule a su clienta con el supuesto delito de blanqueo de capitales.
González detalló que las empresas que la fiscalía aduce son fachada fueron creadas en 2014, mucho antes de la operación Neptuno, y que tienen sus registros de operación expedidos por el Ministerio de Comercio e Industrias.
Además, recalcó que dichas empresas fueron duramente afectadas por la pandemia de Covid-19 y que son el sustento de su defendida.
También dijo que Góngora no tiene antecedentes penales y que aportó a la fiscalía testimonios de clientes que recibieron los servicios prestados por sus empresas.
Por ello acudió ante el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, para tratar de cambiar la decisión de la jueza de garantías de ordenar y que Góngora sea excarcelada.
