La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, admitió 30 demandas de indemnización presentadas contra la Caja de Seguro Social (CSS) por personas afectadas por el tóxico dietilenglicol.
En estas demandas ya la Sala Tercera admitió la práctica de una serie de pruebas, entre las que se encuentran una certificación por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de que efectivamente son personas afectadas por el tóxico. También se aceptó copia del proceso penal seguido y la condena aplicada a un grupo de funcionarios de la CSS por la importación, fabricación y distribución de las medicinas contaminadas elaboradas en el antiguo laboratorio de la institución.
Ese tribunal también admitió copias de los expedientes clínicos de cada una de las personas afectadas por el envenenamiento masivo, además de un informe del Centro Especial de Toxicología de la CSS con información de cada uno de los casos admitidos que exigen el pago de indemnizaciones.
Cada demandante exige el pago de $6 millones. Víctor Orobio, abogado demandante, presentó 417 demandas en representación de pacientes afectados por las medicinas contaminadas que ascienden a $1,125 millones.
Gabriel Pascual, vocero del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida, ente que aglutina a pacientes afectados por el dietilenglicol, estimó que el avance del proceso judicial para lograr el pago de indemnizaciones a los afectados es muy lento.
Pascual relató que en los últimos dos años fallecieron 21 personas a causa de las secuelas por la ingestión de los medicamentos contaminados y añadió que si el proceso sigue a este ritmo, muchos no podrán recibir sus indemnizaciones en caso que la justicia así lo decida.
Explicó que el comité presentó al menos 400 demandas por haber ingerido medicinas de la CSS que estaban contaminadas. No obstante, detalló que existen aproximadamente otras mil personas que están en el proceso de ser reconocidas por la CSS como personas afectadas por el tóxico. Recalcó que se trata de procesos administrativos ”muy engorrosos” que requieren la validación de muchos departamentos de la CSS, el Ministerio Público y otras dependencias públicas.
En el año 2017 se produjo la primera condena contra el Estado por el asunto. Se ordenó pagar la suma de $188 mil 897 por el envenenamiento de una persona a causa del consumo de medicinas contaminadas con dietilenglicol. Se trató del caso de Maybeth Coronado. Procuraduría de la Administración, a cargo de Rigoberto González, determinó que la CSS es la entidad que debe la indemnización.
La historia se remonta al año 2006, cuando se diagnosticaron los primeros casos de envenenamiento por dietilenglicol, tras la importación de glicerina contaminada que fue usada para elaborar medicinas de la CCS. Las autoridades no han logrado determinar el número exacto de personas que fallecieron a causa del consumo de medicinas contaminadas.
