La situación jurídica de Epasa

El fallo del caso New Business, con fecha del 17 de julio de 2023 (pero divulgado al día siguiente), contiene la determinación de que los bienes y activos de Editora Panamá América, S.A. (Epasa) sean el objeto de un (comiso), es decir pasen a propiedad del Estado panameño, dado que se probó que esa empresa fue adquirida en diciembre de 2010 con fondos públicos, producto del adelanto y pagos por avance de obras a contratistas.

Esta determinación todavía no está vigente dado que el proceso solo tiene un fallo de primera instancia y estará sujeto a los recursos de apelación y casación penal. Bajo el supuesto de que la sentencia se mantenga a lo largo de las otras instancias, entonces Epasa se convertiría plenamente en patrimonio del Estado.

Actualmente, el 40% de las acciones de la empresa ya se encuentra en dominio del Estado panameño, por lo que el restante 60% sería el resultado final de este proceso. El abogado del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Eduardo Camacho González, admitió durante el juicio que su cliente tiene el 29% de las acciones de la editora.

Esta decisión judicial no constituye en forma alguna una violación a la libertad de expresión, debido a que este resultado es el producto de la aplicación del debido proceso a una causa penal. Epasa fue adquirida con fondos ilícitos y por esto ocurre el comiso. Esta es la regla aplicable a cualquier propiedad privada en la misma situación.

De mantenerse la decisión del comiso de Epasa, los tres diarios que edita dicha empresa, Panamá América, Crítica Libre y Día a Día, pasarían a manos del Estado.

Es sumamente importante que la administración del presidente Laurentino Cortizo enfrente esta situación con responsabilidad y transparencia. No es conveniente que el Estado panameño opere medios de comunicación, y mucho menos en medio de un proceso electoral. Lo más sano es poner a la venta Epasa por medio de una licitación pública y transferirla lo más rápido posible a manos del sector privado. Esta transacción debe darse dentro de los mayores parámetros de integridad y libre de conflictos de intereses.

El gobierno del presidente Cortizo debe mantener su comportamiento de respeto a las libertades de expresión y de información. Panamá no merece el sobresalto y la indignidad de que se aproveche un fallo judicial en beneficio de intereses mezquinos o para fines políticos partidistas.

Rodrigo Noriega

Analista