La Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió reportes de operaciones sospechosas en el año 2012 del banco Banesco, donde estaba una de las cuentas a nombre de la sociedad Blue Apple Services, utilizada para recibir coimas de contratistas del Estado.
Pese a esta advertencia, el dinero siguió ingresando a dicha cuenta.
Así consta en la lectura del Auto Mixto No. 4 de 2021 del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, durante el primer día del juicio por presunto blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos y falsedad de documentos, en el denominado caso Blue Apple.
Por esta causa, están imputados Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). Pero ambos no participan de este juicio, ya que cinco días antes del inicio del mismo, fueron juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por lo ahora serán procesados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
La UAF es una entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia.
En el Auto Mixto No. 4, firmado por la juez Baloisa Marquínez, consta que, como parte de las diligencias de investigación, se recibió una nota suscrita por Ricardo Fernández, superintendente de Bancos entre 2014 y 2019, en la que informa que Banesco realizó un reporte de operación sospechosa en 2012 a la UAF. Además, que la propia Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) remitió un reporte de operación sospechosa, un informe de inspección especial de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y un análisis de la cuenta de Blue Apple Services Inc.
En ese informe constan depósitos por $6.1 millones a la cuenta corriente de Blue Apple en Banesco, en el año 2011, a través de cheques emitidos por Constructora Rodsa, GS Constractors, Factor Global, Bagatrac y Conceptos y Espacios. Algunos de estos fondos luego eran transferidos a Suiza, China, Hong Kong y Estados Unidos.
En la investigación (que inició el 11 de septiembre de 2017) consta que todos estos contratistas declararon que hicieron los depósitos atendiendo instrucciones de Jorge Churro Ruiz, entonces director de administración de contratos del Ministerio de Obras Públicas (MOP). El tesorero, firmante y agente residente de Blue Apple era el abogado Federico Barrios.
En total, la cuenta de Blue Apple, según una diligencia de inspección ocular realizada en septiembre de 2017 en Banesco, recibió transferencias de parte de los contratistas dl MOP por $10.2 millones y depósitos por $8.3 millones.
En su indagatoria del 31 de enero de 2018, Ruiz explicó que “el señor Rica Martinelli, hijo del presidente Martinelli, le planteó una operación en la que él debía solicitarle a unas empresas contratistas que habían ganado licitaciones con el MOP [Constructora Rodsa, Bagatrc, Meco, GS Constractors y Conalvías] que debían realizar envíos de dinero a fin de que no se le dificultaran las cosas”.
Ruiz dijo que desconocían quiénes eran los beneficiarios finales de esta operación y reconoció que él personalmente llevaba un registro de los pagos de cada contratista, en un archivo de Excel, que había confeccionado como “el librito de una chequera de banco”, con cuatro columnas: fecha, monto total a pagar por cada contratista, abonos y saldo pendiente.
“Todos los contratistas son coincidentes en señalar que el señor Jorge Ruiz les solicitó sobornos denominados ‘ayuda política’, para agilizar las órdenes de pago de los contratos que habían adquirido con el MOP y, en algunos casos, para que los mismos les fuesen adjudicados”, anotó la juez Marquínez en el Auto Mixto No. 4.
La mayoría de estos contratistas ha reconocido que hizo los pagos ilegales y algunos tienen acuerdo de colaboración eficaz validado por la juez.
César Jaramillo, representante de la empresa Conalvías, declaró en su indagatoria, el 10 de enero de 2018, que “en muchas ocasiones había sido obligado a entregar dineros a cambio de que se le adjudicaran proyectos y para que le fueran pagados de forma oportuna aquellos proyectos obtenidos por licitación en franca competencia”.
Federico José Pepe Suárez y Jaime Castro, ministros de Obras Públicas en el gobierno de Martinelli, están enjuiciados por este caso, lo mismo que César Jaramillo.. Este martes, la defensa de Suárez propuso una cuerdo de colaboración, pero el mismo fue rechazado por la fiscalía, al no considerarlo viable.
En cuanto a Ruiz, este martes, en el primer día de juicio, la juez validó su acuerdo de pena, en el cual adquiere el compromiso de declarar a favor de la fiscalía, en la fase de juicio.
Federico Barrios también tiene un acuerdo con el Ministerio Público.
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