Conforme prosiguen las investigaciones por corrupción en España, varios panameños implicados en el caso han procurado zafarse a toda costa de la marcha implacable que lleva María Teresa Gálvez Diez, la fiscal anticorrupción que va tras los sobornos pagados por la constructora española FCC a funcionarios panameños y por el subsecuente blanqueo de dichos fondos que tuvo lugar en Europa.
Mauricio Cort
El más reciente es Mauricio Cort y García, quien perdió otra batalla en España. El abogado hispano-panameño, investigado por la Audiencia Nacional por su presunta actuación como testaferro y cómplice del ex presidente Ricardo Martinelli dentro de la inmensa telaraña de sociedades, contratos ficticios y cuentas bancarias armada por ambos, solicitó ser sobreseído de dicha causa, solicitud que le fue negada en octubre pasado.
La Sala Penal, tras escuchar los argumentos de su letrado, ha desestimado su apelación, confirmando todo lo actuado por el juez de la causa y condenándolo en costas.
Cort ha corrido igual suerte que su antiguo patrón, Ricardo Martinelli, quien, a finales de 2021, también pidió ser sobreseído del proceso. Lo hizo justo luego de haber tenido que rendir declaración indagatoria, vía telemática, el 17 de diciembre de 2021. La pretensión del exgobernante fue igualmente denegada en primera y segunda instancia, por lo que continúa imputado en España, gracias a una acción pública instaurada por la fundación del ex magistrado Baltasar Garzón.
Danza de millones
Según las investigaciones en Europa –una colaboración entre las fiscalías anticorrupción de España, Suiza y Andorra– Cort, a través de un entramado de sociedades creadas y administradas por él, habría recibido la astronómica suma de $82.5 millones en pagos de FCC. Otros $5.5 millones adicionales habrían provenido de sobornos de un segundo contratista, la empresa Telvent Tráfico y Transporte, S.A. (hoy Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.)
Esta empresa ya tenía antecedentes en Panamá: fue denunciada en el último año del gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), tras una multimillonaria y cuestionada adjudicación por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para instalar los inoperantes y tristemente famosos “semáforos inteligentes” que funcionarían en la ciudad de Panamá.
Recta final
Las investigaciones en España están por concluir; penden un par de averiguaciones y las respuestas a ciertas cartas rogatorias giradas por la Fiscalía Anticorrupción a distintas jurisdicciones.
En la lista de personajes que ya han sido requeridos, además de banqueros suizos y exejecutivos de FCC, se encuentran los testimonios de panameños, como el extitular del MOP Federico José Suárez; el empresario Mayor Alfredo Mello Alemán; un socio de Martinelli: el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez Llorens; y el abogado Francisco Frankie Martinelli Patton (quien llevó a su firma, Patton, Moreno & Asvat una empresa instrumental de Odebrecht para sobornar a funcionarios de Panamá y de otros países: Constructora Internacional del Sur, S.A.
Pendiente aún está el testimonio de una exabogada del grupo Martinelli.
Abogada interna
En una serie de declaraciones indagatorias, tomadas por el Ministerio Público panameño en 2017 y 2018, la abogada Evelyn Vargas Reynaga desveló parte importante del esquema que servía de fachada para la compra de activos y el movimiento de fondos de los Martinelli.
Ella, en su condición de abogada interna durante ocho años de Importadora Ricamar, S.A. –propietaria de los Súper 99–, fue instruida por miembros de la familia Martinelli en múltiples ocasiones para organizar sociedades y aparecer, junto con otros empleados de confianza como testaferros al frente de estas. Por ello, desde España, han solicitado que Vargas Reynaga responda el cuestionario elaborado por la Fiscalía Anticorrupción de España, el cual, hasta la fecha, ha evadido responder.
En la Audiencia Nacional de España ha llamado especialmente la atención el desvío de fondos que llegaron a España, procedentes de cuentas de Global Bank (notando la Guardia Civil la particular situación del banco en el que la familia Martinelli fue hasta hace semanas atrás accionista importante, y de cuya junta directiva fueron miembros, tanto el expresidente, como su esposa, Marta Linares de Martinelli, así como sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, quienes estuvieron en la directiva cuatro de los cinco años de gobierno de su padre), y que terminaron sufragando la adquisición de activos en tierras españolas.
Blanqueo
En Madrid se mantiene embargado, por ejemplo, un lujoso apartamento, pagado, precisamente, con fondos que -se sostiene- se originaron en los pagos hechos por orden de empresas contratistas del Estado panameño y que los organismos policiales –al seguir la ruta del dinero– les vieron pasar por diversas sociedades fantasmas, mientras se camuflaban con “préstamos” que, a su vez, eran garantizados con depósitos a plazo fijo en la misma institución bancaria. Así llegaron a España, buscando “opacar la trazabilidad” de los movimientos bancarios.
En 2017, Vargas Reynaga había narrado al Ministerio Público de Panamá que, entre las sociedades que le ordenó constituir Ricardo Rica Martinelli Linares, estaba una llamada Desarrollo Inmobiliario Ibérico, justamente con la que adquirió el piso en Madrid, y que él le había solicitado que fungiera como presidenta.
“Recuerdo que realicé unos trámites en la Embajada de España porque Ricardo Alberto Martinelli Linares y su pareja sentimental, Marco Giovanelli, de nacionalidad italiana, estaban realizando la compra de un apartamento en Madrid”, reveló Vargas Reynaga a la Fiscalía Anticorrupción de Panamá.
Contó, además, que Rica Martinelli le pidió que viajara a Madrid a firmar la compra del inmueble; que allá la recibió un abogado de apellido Sarmiento, mientras él se encargaba de organizar el envío de los fondos. El pago, en efecto, se recibió en el Banco Espíritu Santo (luego Novobanco) de España, procedente de Global Bank, bajo la supuesta sustentación de que se trataba de un préstamo.
El rol que Vargas Reynaga jugó al lado de los Martinelli también tiene interés por otras transferencias hechas entre entre sociedades identificadas como pagadoras de sobornos y las de los beneficiarios ocultos, como es el caso de Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A.
Entre España y Suiza se han identificado la entrada y salida de fondos millonarios que terminaron en esta última sociedad. A la fecha de recepción de los fondos presuntamente blanqueados, esta sociedad tenía como presidenta a Vargas Reynaga, quien figuraba junto a otros dos dignatarios: Federico José Suárez y Guillermo Sáez Llorens.
Además, Vargas Reynaga narró cómo, tras la salida de Martinelli de la Presidencia de la República, las acciones de Promotora y Desarrollo Los Andes, S.A. fueron traspasadas. “Se estaban traspasando –explicó– todas sus acciones a favor de la señora Marta Linares de Martinelli y ese trabajo de las acciones lo estaba haciendo el licenciado Chencho Galindo, de Morgan & Morgan”.
Vargas Reynaga menciona una sociedad que es de especial interés en Europa: Pachira Limited, pues por esta se canalizaron millones de dólares provenientes de presuntos pagos ilícitos. “Yo tengo conocimiento de una sociedad llamada Pachira, la cual mantiene una cuenta bancaria en Andorra que pertenece a Ricardo Martinelli Linares”, confirmó en su indagatoria Vargas Reynaga.
El 6 de octubre de 2020, el medio español El País reportó que Andorra había bloqueado millones de dólares de sobornos de Odebrecht al entorno de los expresidentes Allan García (Perú) y de Ricardo Martinelli.
En este último caso, se trataba de una orden emitida por la jueza del Principado de Andorra para continuar con las cautelaciones ya decretadas de unas 30 cuentas de la Banca Privada de d’Andorra, en las que aparecían testaferros u “hombres de paja” –como los llamó la jueza–, al servicio del expresidente Martinelli o de su círculo íntimo.
“Roberto Brin [alto ejecutivo del Súper 99, y pariente de Marta, la esposa de Martinelli] figura en una cuenta con 16.8 millones de euros, a nombre de la sociedad opaca Pachira Limited”, cita el diario El País de España. Otro grupo de cuentas cauteladas en Andorra las componen las vinculadas al exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu y sus padres, durante el gobierno de Martinelli (2009-2014).
Círculo de testaferros
¿Y cómo no preguntarle a Evelyn Vargas Reynaga por Mauricio Cort? ¿Si lo conocía y por qué?
El 22 de junio de 2018, bajo juramento, Vargas Reynaga le contestó a la fiscal Tania Sterling que sí, que, en efecto, ella conocía a Cort. “Lo conozco –respondió– porque es un abogado conocido en el país y también porque él le veía unos temas a Ricardo Alberto Martinelli Linares”.
Así, la ex asistente jurídica de Importadora Ricamar, S.A. relató cómo Cort llegaba al centro neurálgico de la familia Martinelli, y que al llegar a las instalaciones de la empresa, se dirigía directo al despacho de Rica Martinelli. Incluso, dijo que ella, en ocasiones, pudo “pedirle o enviarle algo a Cort, por instrucciones de mi jefe”.
