Al menos siete sociedades anónimas fueron presuntamente utilizadas como fachada por la red desmantelada el pasado miércoles con la Operación PTY. Con esas empresas, el grupo al que pertenecía Ezequiel Alarcón, alias Zequi, adquirió propiedades en El Valle de Antón y apartamentos en Costa Esmeralda, San Carlos, Pedregal y Punta Chame, entre otros.
Eso fue lo que contó el fiscal de Drogas, Joseph Díaz, en la audiencia de imputación de cargos celebrada este viernes 21 de abril.
El fiscal Díaz fue enfático al señalar que la mayoría de los 11 detenidos en la Operación PTY actuó como testaferro para ocultar el dinero relacionado con actividades de narcotráfico y pandillerismo.
Según la fiscalía, ese el caso de Yaribeth Medrano, que supuestamente recibió dinero de Zequi y Jorge Zurita, presuntos cabecillas de la red criminal. Ella habría prestado su nombre para comprar un apartamento en el PH Costa Esmeralda, en el distrito de San Carlos, valorado en $400 mil.
La misma participación se le atribuyó a Giancarlo Medrano, quien, de acuerdo con la fiscalía, también habría ayudado con la recepción de dinero ilegítimo para la compra del citado apartamento.
Otro tanto se le atribuye a Francisco Rodríguez, uno de los que habría recibido dinero de las actividades ilícitas de Alarcón para adquirir una finca en el sector de Capirita, en el Valle de Antón, valorada en $70 mil.
Mientras que en el caso de la contadora pública Margarita García, la fiscalía detalla que permitió el blanqueo de capitales a través del manejo de cuentas de varias sociedades ligadas a este proceso. En la audiencia de este viernes salió a relucir que García es funcionaria del Ministerio de Educación.
Caridad Kanelón
A la activista del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), Caridad Hurtado Almengor, conocida como Caridad Kanelón, también se le identifica como testaferra.
De acuerdo con la fiscalía, ella habría recibido dineros de Jorge A. Zurita, a través de la sociedad Mujeres Bellas. Según la investigación, parte de ese dinero fue usado para la compra de una finca valorada en $99 mil, en Pedregal, y para costear viajes de placer. Durante la audiencia, el fiscal Díaz alegó que la actividad financiera sustentada por la investigada no era compatible con su realidad económica.
Hurtado es amiga de diputados del PRD en San Miguelito, de altas figuras del gobierno de Laurentino Cortizo y de miembros de la cúpula del partido. De hecho, ha formado parte del frente juvenil y de otras instancias internas del PRD. En redes sociales circulan fotos de Hurtado con el diputado de San Miguelito, Raúl Pineda, y con el viceministro de Comercio, Omar Montilla, entre otros.
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Esta mujer también es conocida en la farándula local por ser la promotora del “Todo incluido”, como era conocido un paquete que ofrecía cirugías plásticas, pasajes y estadías en Colombia a clientes panameños.
Cría de cerdos
También se le atribuyen actividades de supuesto testaferro a Asher Melamed, veraguense dedicado a la cría de cerdo y otras actividades agropecuarias, a través de una empresa en Santiago de Veraguas, que habría recibido dinero procedente de delitos relacionados con drogas.
En cuanto a Yazmín Almengor, para la fiscalía es otra testaferra que recibía dinero de Zurita, fondos que se canalizaban a través de una cevichería y una tienda denominada Bisutería Yazmín, recursos que fueron usados para la compra de un apartamento en Villa Lorena, valorado en $19 mil 600, y una propiedad en Nueva Gorgona, Chame, con un valor de $85 mil. Almengor es funcionaria de la Junta Comunal de Mateo Iturralde, en San Miguelito, según reveló ella misma en la audiencia.
La fiscalía responsabiliza a Aylín Ortega y Josefa Almengor de presuntamente haber servido de testaferros para el ocultamiento de dinero de la red criminal. En el caso de la primera, la fiscalía alega que recibió dineros para la compra de una finca en Punta Prieta, Coronado, y en el caso de la segunda, que usó el dinero mal habido para adquirir carros de segunda y armar una flota de taxis. Ortega es funcionaria del Instituto Panameño de Deportes (Pandeporte), según salió a relucir en la audiencia de este viernes.
En el caso de la exfuncionaria del Ministerio de Gobierno, Rubianesa Baker Costarelos, se le hicieron cargos por blanqueo de capitales por presuntamente haber usado el dinero ilícito para la compra de bienes inmuebles en Colón y Costa del Este.
En el caso de Ezequiel Almengor, la fiscalía lo señala de ser uno de los presuntos cabecillas de la red criminal y de distribuir el dinero procedente de actividades ilegales a sus socios para ocultar su origen, a través de bienes inmuebles.
Mientras que los abogados de la defensa alegaron que los señalamientos contra sus clientes carecen de elementos probatorios que indiquen la procedencia ilícita del dinero. También aseguraron que la mayoría de los investigados son pequeños empresarios “con años de trabajo honrado”.
Cortizo habla
Consultado sobre los funcionarios implicados en esta pesquisa, el presidente Laurentino Cortizo aseguró que “nadie está por encima de la Ley”. Añadió que la justicia debe hacer su trabajo “caiga quién caiga”.
El juez de garantías Manuel Lezcano imputó cargos por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y delitos relacionados con drogas a los 11 aprehendidos en la Operación PTY. Por estos mismos cargos se investigara a siete sociedades anónimas que según la fiscalía de drogas, fueron usadas para el blanquear el dinero.
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