Las fiscales superiores Zuleyka Moore y Tania Sterling deberían volver a la gestión del caso Odebrecht, debido a los enormes desafíos que representará la audiencia ordinaria o de fondo, en la cual el Ministerio Público se enfrentará a los 33 abogados defensores en este complejo proceso judicial.
Las dos funcionarias fueron apartadas del caso de corrupción más grande de la historia de Panamá por los responsables del Ministerio Público.
En mayo de 2020, cuatro meses después de haber llegado al cargo tras su designación por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, el entonces procurador Eduardo Ulloa sacó a Moore del caso Odebrecht, alegando un plan de rotaciones que buscaba dar “mayor transparencia y objetivad” al trabajo de la institución.
Tras la sorpresiva renuncia de Ulloa (a partir del 1 de marzo de 2021), el procurador general de la Nación (encargado), Javier Caraballo, formalizaría la salida de Sterling del caso en noviembre de 2021. Antes, el 9 de abril de ese año, firmó la vista fiscal del caso Odebrecht, de 810 páginas.
Sterling salió de ese despacho después de una denuncia interpuesta por la exministra de Educación, Lucy Molinar, por presuntos actos delictivos cometidos en contra del testigo protegido Euro-14. Caraballo reconoció posteriormente que no había evidencia de que Moore o Sterling hubiesen cometido delito alguno.
Ya el 27 de junio del 2021, el procurador había enviado a Sterling por 45 días de vacaciones, que terminaron convirtiéndose en más de 9 meses, hasta el 4 de mayo del 2022, cuando regresó al Ministerio Público y fue asignada a una fiscalía de familia en la ciudad de Colón.
A su vez, sus colegas, los fiscales superiores Adecio Mojica, Ruth Morcillo, Zuleyka Moore y Nahaniel Murgas, fueron enviados de vacaciones del 24 de noviembre de 2021 al 14 de abril del 2022.
Solo Morcillo fue devuelta a la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso Odebrecht, creada en enero de 2017. Moore fue asignada a una fiscalía de homicidios en La Chorrera.
El reto inminente
Con la conclusión de la lectura de la vista fiscal del caso Odebrecht queda en evidencia que la fase posterior, la que iniciará con el posible auto de llamamiento a juicio, requerirá que el Ministerio Público fortalezca su capacidad de litigar el caso, dado que en esa etapa tendrá que evacuar las pruebas, incluyendo el interrogatorio de testigos, y a la vez deberá responder a las actuaciones de los 33 defensores técnicos en este proceso.
Un expediente tan extenso requiere que las personas que vayan a llevar adelante la acción penal conozcan de primera mano todos los detalles de la investigación y manejen con experticia los miles de tomos que contiene la causa. La fiscal Morcillo lo ha hecho muy bien con el personal que la acompaña, pero con el refuerzo de sus dos colegas tendría un equipo difícil de vencer.
Además, existen otras investigaciones en desarrollo, que se beneficiarían de la presencia de las fiscales superiores Moore y Sterling por su amplio dominio del tema. El hecho de que ambas estén apartadas del caso Odebrecht es un premio de impunidad y una recompensa para quienes pretendían desarticular este caso. Es hora de revertir ese error y fortalecer la primera línea de defensa de la justicia panameña.
Un procurador en interinidad
Por ‘Constitución’ el procurador general de la Nación es nombrado por 10 años, pero de 2014 a la fecha van tres procuradores en el cargo. Kenia Porcell fue nombrada ese año y tras las filtraciones de los llamados “Varelaleaks” presentó su renuncia a partir del 1 de enero de 2020, cuatro años antes de cumplir su período. La reemplazó Eduardo Ulloa, quien, a su vez, renunció a partir del 1 de marzo de 2021. De ahí en adelante quedó encargado Javier Caraballo.
