Los representantes de los corregimientos de Juan Díaz, San Francisco y Parque Lefevre, en la capital, están obligadas a suministrar información sobre en qué han invertido los fondos que han recibido de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).
Así lo determinó el Primer Tribunal de Justicia, despacho que concedió tres recursos de habeas data a Jorge Bloise Iglesias, candidato a diputado por la libre postulación en el circuito 8-4, área que comprende Juan Díaz, San Francisco, Parque Lefevre, Río Abajo y Don Bosco, en el distrito de Panamá.
Bloise, antes de presentar los habeas data ante los tribunales, le tocó las puertas a las cinco juntas comunales que están en el 8-4. Sin embargo, solo recibió respuesta del panameñista Guillermo Willie Bermúdez, representante de Don Bosco, y de la perredista Maritza Villareal, de Río Abajo.
Fue ignorado por las otras tres juntas comunales (Juan Díaz, San Francisco y Parque Lefevre), por lo que entonces recurrió a la justicia. El tribunal le dio la razón y concedió un término de 30 días a los representantes de los tres corregimientos mencionados, para que entreguen la información.
El candidato pidió a las juntas comunales el detalle de los fondos recibidos de la descentralización correspondiente al periodo entre el 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2022. Solicitó los montos destinados a funcionamiento, información sobre las planillas, datos sobre las licitaciones desarrolladas, proyectos financiados y programas o proyectos realizados a través de consulta ciudadana.
Bloise explicó que la información requerida es importante para conocer cuál es el uso dado por las juntas comunales del 8-4 a los fondos recibidos de la descentralización. Añadió que la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son los proyectos que han realizado sus autoridades locales con el dinero público.
La descentralización paralela
La Autoridad Nacional de Descentralización, a cargo Edward Mosley Ibarra, está bajo la mirada pública a raíz de que una investigación de La Prensa reveló que ese despacho desvió, entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2023, al menos $242 millones a juntas comunales y municipios, fuera del esquema establecido por la ley de descentralización. Se trata del escándalo de la descentralización paralela. La mayoría de los gobiernos locales que recibió millones de manera discrecional están controlados por políticos del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y sus aliados.
De hecho, la junta comunal de Juan Díaz, el fortín político de la familia Sucre, está entre las 10 juntas comunales capitalinas que recibieron más fondos de la descentralización paralela. Se le destinaron $3 millones 363 mil 294 con 98 centésimos.
Este corregimiento es el feudo político del diputado Javier Sucre, quien tras haber obtenido una curul en la Asamblea Nacional, en mayo de 2019, legó el cargo a su suplente, su hermana Imelda Sucre. Juan Díaz afronta múltiples problemas sociales.
La junta comunal de San Francisco, en manos del perredista Carlos Pérez Herrera, aunque no está en la clasificación de las 10 que más dinero de la descentralización paralela han recibido en la capital, ha obtenido $404 mil 788.
Se desconoce el monto de los fondos que la AND ha destinado a la junta comunal de Parque Lefevre, a cargo de Sebastián Abadía, del partido Cambio Democrático (CD). Este corregimiento tampoco está en la lista de los 10 que más dinero recibieron de la descentralización paralela.
El pasado 29 de septiembre, el Primer Tribunal Superior también concedió un habeas data al diputado independiente Juan Diego Vásquez para que conozca el uso de los fondos de la descentralización en el corregimiento de Mateo Iturralde, en San Miguelito. Vásquez también presentó un recurso similar pidiendo información sobre los fondos de la descentralización entregados a la junta comunal de Belisario Porras, San Miguelito.
