Abraham Rico Pineda Tejada sabía que iban por él. Alguien le contó que la policía le seguía los pasos. Por eso se aseguró de no estar en su casa, ubicada en la calle Arboleda de Albrook, en la capital, el 15 de agosto pasado, cuando las autoridades allanaron la residencia como parte de las diligencias de la operación antidrogas Jericó.
Desde el lugar donde se escondía, un día antes (14 de agosto), llamó a “Felita”, la persona que le colabora con los oficios domésticos, y le dio instrucciones. Le pidió que, cuando la policía llegara y preguntara por él, dijera que estaban en la playa. Felita le preguntó “que si no había más nada que meter en las bolsas”. Presumiblemente empacaba objetos o tal vez documentos para no dejar evidencias, pues cuando la policía llegó, encontró las cajas fuertes abiertas y vacías.
“Acabo de pasar el susto de mi vida. Esa gente vino”, le contó la mujer al hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, después de la requisa de las autoridades. Rico le encargó otra tarea: que le tomara foto a la orden de allanamiento.
Felita no fue la única que recibió instrucciones. El mismo jueves 15 de agosto, Rico Pineda también llamó a una mujer llamada Carol, que, de acuerdo con la Fiscalía Superior de Drogas, era la responsable de los recursos humanos de su empresa Servicios Múltiples Rama S.A. Le dijo que no entregara el iPhone ni la computadora.
Ese jueves por la mañana, la operación Jericó quedó opacada. Bien temprano, el Ministerio Público y la Policía Nacional informaron de los allanamientos, de las personas capturadas, del dinero decomisado, pero los focos de la atención pública estaban en otro asunto. Se posaron en la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino, quien desde el palacio de Las Garzas le dio abundantes noticias al país: llamó “real desastre” a la descentralización paralela, informó que ya venía el primer vuelo de repatriación de migrantes, y comparó a Etelvina de Bonagas, la rectora de la Unachi, con Nicolás Maduro, entre otras cosas.
El país se enteró del allanamiento de la residencia y la empresa del hijo del diputado Raúl Pineda después del mediodía de ese jueves a raíz de una noticia de La Prensa. En esa nota se informó que no lo encontraron. Entonces, empezó la búsqueda. Está en la lupa de las autoridades porque se le acusa de supuestamente blanquear dinero para una organización criminal que introducía droga desde Colombia a través de las trochas de la selva de Darién, sustancia que luego es transportada hasta la frontera con Costa Rica.
Las llamadas
El vínculo de Abraham Rico Pineda con el caso quedó expuesto ayer, miércoles 21 de agosto, en una audiencia múltiple que se desarrolló en el salón 2 del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicado en Plaza Ágora. En la audiencia ocurrieron tres cosas: el juez Justo Vargas legalizó su aprehensión, se le formularon cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales y le decretó detención provisional por los seis meses que dure la investigación.
La diligencia judicial se desarrolló un día después de que el primogénito del diputado Pineda fue capturado frente a la sede del SPA en Plaza Ágora.
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Para empezar, aquí es relevante explicar que parte de la investigación de la Fiscalía de Drogas se apoya en 14 transcripciones de interceptaciones telefónicas a Rico Pineda. Por eso se conocieron las órdenes que el hijo del diputado dio a sus colaboradoras antes y después de los allanamientos.
La maleta negra y la bolsa blanca
En la audiencia de este miércoles, el fiscal antidrogas Joseph Díaz contó que en la tarde del 20 de mayo de este año, Rico Pineda entregó un dinero, supuestamente producto del blanqueo de capitales, a una persona que a su vez tenía que hacer llegar esa suma a un colombiano identificado como Pablo.
La entrega del dinero se concretó en Servicios Múltiples Rama S.A., empresa vinculada a Pineda, ubicada en Betania. Tres carros se estacionaron frente a la compañía: una Toyota Land Cruiser, de donde se bajó una persona a la que el fiscal llamó “Hombre No Identificado” (HNI) porque no tiene competencia para mencionarlo. ¿La razón? Esta persona tiene un cargo público con la prerrogativa de que solo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Es intocable para la justicia ordinaria. Se presume que ese hombre es el padre de Rico, Raúl Pineda.
De otra Toyota Land Cruiser se bajó Rico Pineda junto a otra persona.
Por último, llegó un hombre en un sedán. Se llama Jonathan Parra, de nacionalidad colombiana, y se podría decir que en esta historia ejerció el papel de mandadero.
Rico Pineda se bajó de su carro con una maleta negra y una bolsa blanca reutilizable. Entraron a la empresa y luego Parra se llevó la bolsa reutilizable que cargaba Pineda. En la bolsa había $89,985.
Todo estaba meticulosamente coordinado. De acuerdo con las transcripciones de las interceptaciones telefónicas, Rico Pineda conversó por celular con Pablo (el colombiano) y le avisó de la movida. “Monstruo, estoy aquí con mi papá (...) nosotros entregamos los 90 (...)”. También dijo que ese dinero llegaría a Colombia a través de Token, un mecanismo que, según el fiscal, es usado en el mundo del narcotráfico para transferir dinero.
Antes de entregar el dinero, el hijo y el padre conversaron vía telefónica sobre los detalles de la entrega. “¿Qué hay, papá, ya me mandó el contacto (...) ¿Dónde le digo?”, preguntó el hijo. “Dile que allí mismo en Rama… afuera, en los carros”, contestó el padre.
La jugada sale mal
Pero la maniobra no les salió bien. Cuando Jonathan Parra iba por la vía Transístmica, frente a Raenco, lo detuvo la policía.
Cuando se enteró de que las autoridades habían retenido a Parra, Rico se desesperó. Entonces llamó al padre, o al HNI como le llama la fiscalía, y le dijo: “Llama al Fulo que tienen el carro parao (...)”.
Al día siguiente, 21 de mayo, Rico nuevamente llamó a su padre. “¿Qué hay, papá?… ya me llamó Pablo (el colombiano al que le habían mandado el dinero) Quieren un abogado”, le contó. También le comunicó que Pablo quería saber los detalles de cómo Parra terminó en manos de la policía.
El padre contestó que le iba a poner un abogado. “Ponle a Anael…”, señaló.
Pero Jonathan Parra llegó a un acuerdo de pena con las autoridades y confesó que el dinero era producto de blanqueo de capitales. Previamente, la plata había sido sometida a una prueba de ion scan para determinar la presencia de sustancias ilícitas y dio positivo.
Crimen en Paraíso
Al Ministerio Público también le llamó la atención otro hecho que sucedió el 20 de mayo. Apenas unas horas después de que acordaran la entrega del dinero, Rico Pineda llamó a un “lince” (agente de la policía) para preguntar si una persona que habían asesinado en Paraíso, San Miguelito, frente a la policlínica Manuel María Valdés, era algún trabajador de Servicios Múltiples Rama, su empresa.
Coincidentemente, ese 20 de mayo varios medios de comunicación informaron de asesinatos en San Miguelito. “¡Le soltaron plomo en pleno tranque! Sicarios asesinan a sujeto en Paraíso”, tituló El Siglo. “Según informes preliminares, los tiradores a bordo de una motocicleta le dieron persecución a la camioneta de color negro, la cual fue alcanzada frente a la policlínica y le propinaron 14 disparos, hiriendo de muerte al conductor”, reportó el tabloide.
También lo publicó Telemetro y TVN. Este último medio incluso tituló: “Violencia se toma San Miguelito, balaceras dejan cuatro muertos y varios heridos en distintos sectores”.
El juez regañó al fiscal
El fiscal Joseph Díaz contó estos detalles en la audiencia luego de que, al inicio del acto, el juez Justo Vargas le llamó la atención porque, al momento de sustentar las pruebas que tenía para que se legalizara la aprehensión de Abraham Rico Pineda, se limitó a decir que tenía transcripciones de audios de comunicación telefónica, inspecciones oculares y acciones de vigilancia y seguimiento.
“Usted ha listado, pero no ha sustentado. No me ha dicho nada (...). Le voy a dar la palabra para que se explaye (...)”.
Y el fiscal le hizo caso.
La palabra de los abogados
Abraham Rico Pineda escuchó todo sentado en la primera fila de sillas ubicadas a la izquierda del salón. A su lado, del lado izquierdo, tenía a su abogado Víctor Orobio. A la derecha le acompañaban otros dos defensores: el exfiscal Javier Franco y Ángel Álvarez.
Detrás de ellos se ubicaron tres abogados auxiliares de los titulares, y en la tercera fila estaban Maybel Araúz, su esposa, y al lado de ella estaba Isis León, esposa de Raúl Pineda.
En el otro lado de la sala de audiencia (derecha) estaban sentados los dos fiscales del Ministerio Público. El juez Vargas estaba en medio de las dos partes, sentado frente a un austero escritorio.
Después de escuchar a la fiscalía, los abogados intentaron desestimar las pruebas de la fiscalía, concretamente los audios donde Rico Pineda conversó con su padre Raúl Pineda. Argumentaron que se trataba de una conversación con “un aforado”, que incluso en ese momento (20 de mayo de 2024) tenía fuero penal electoral por su participación en las elecciones del pasado 5 de mayo.
También dijeron que el dinero decomisado a Parra ($89,985) era para la remodelación y unos de planos, de la casa de Pineda en Albrook. Argumentaron que su cliente es “inocente”, que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas ni con el blanqueo de capitales.
Pero el juez Vargas les dijo que a él no lo iban a “enredar”, que no sacaran las cosas “de contexto”. Por ejemplo, que las transcripciones de los audios no se limitaban a conversaciones entre el padre y el hijo. Que había mucho más, e incluso listó los números de los audios. En total, son 14. También recordó que Parra pactó un acuerdo de pena y aceptó que el dinero era producto del blanqueo de capitales. Por eso les negó todas sus pretensiones. Y es así como decretó detención preventiva para el hijo del diputado.
Del padre no se sabe nada.
En un fallo del pasado 11 de julio, con la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, la Corte Suprema de Justicia, órgano que investiga a los diputados, salvó al político del Partido Revolucionario Democrático de ser procesado por su nexos con la operación Jericó. ¿El motivo? falta de prueba idónea.
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