El procurador de la Administración, Rigoberto González, informó sobre la apertura de un proceso disciplinario a tres miembros de la junta directiva y al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, luego de comprobarse que una empresa pagó un viaje a México en momentos en que gestionaba una contratación de $168 millones con la entidad.
No obstante, el proceso disciplinario se encuentra paralizado, ya que los abogados de la CSS presentaron una apelación, el pasado 27 de julio, la cual debe ser ahora resuelta por la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La investigación de la Procuraduría de la Administración concluyó que un empresario mexicano, ligado al consorcio Salud en Control (integrado por la panameña PMG Logistics Corp. y la mexicana Intercontinental de Medicamentos, S. A. de C.V.) pagó el viaje a México de tres directivos de la CSS: el entonces presidente de la junta directiva de la entidad, Miguel Ángel Edwards; la representante de la Asociación de Enfermeras, Esmeralda Bachanan, y el delegado suplente de los servidores públicos, José Alba.
El director general Enrique Lau Cortés no fue parte de la delegación, pero igual se le investiga, por posible falta de probidad en el ejercicio de las funciones públicas.
“Nosotros logramos acreditar en esa investigación que el pago del viaje no fue de los fondos públicos, sino de un particular”, dijo González a RPC Radio.
Salud en Control se adjudicó una licitación para almacenar y distribuir medicinas, por un valor de 168 millones de dólares, en abril de 2020, pero éste acto fue “suspendido” por orden del presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Luego de la apertura de la investigación disciplinaria, se llamó al grupo a una entrevista, para que dieran sus explicaciones.
En abril de 2020, La Prensa reportó que el viaje de estos directivos fue del 2 al 4 de noviembre de 2019.
De acuerdo con Alba, la idea de viajar a México no fue de ellos: los tres fueron “designados” por el resto de la junta directiva de la CSS. “Nos preguntaron si estábamos dispuestos a viajar y aceptamos”, aseguró el directivo.
Al conocerse la decisión de la Procuraduría de la Administración, la CSS emitió un comunicado en el que recalcó que no emitirá opiniones para no “empañar” el proceso que se dirime en la Corte Suprema.
No obstante, recordó que la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) archivó una investigación administrativa, pues finalmente no se realizó ninguna compra ni acuerdo con el consorcio.
