Omar Vergara, fue el primer testigo de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada que compareció este miércoles en el tercer día de juicio a 32 imputados del caso Lava Jato.
Vergara, como analista de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, participó en la elaboración de un informe sobre la trazabilidad del dinero presuntamente blanqueado utilizando sociedades y otros servicios facilitados por la extinta firma de abogados Mossack Fonseca.
Narró que laboró en la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ, donde se le comisionó elaborar un informe del caso Lava Jato y advirtió que no recordaba muchos detalles, dado que ya han transcurrido poco más de cinco años desde su elaboración.
Contó que para confeccionar el informe, trabajó con los primeros 135 tomos de la investigación, que le fueron remitidos por la fiscalía. En esa etapa inicial, la pesquisa se centraba en 13 personas jurídicas y cuatro naturales.
El testigo recordó que en los documentos analizados ya constaba la vinculación del brasileño Roberto Trombeta (un cliente de Mossack Fonseca do Brasil) con varias sociedades offshore facilitadas para presuntamente encubrir el dinero procedente del pago de supuestas coimas.
Según la investigación, Trombeta controlaba la sociedad Kingsfield Consulting Corp., que presuntamente aceptó recursos “de origen espurio” de la constructora brasileña OAS y mantiene una relación directa con Mossack Fonseca, que fungía como su agente residente. Trombeta ha sido sancionado en Brasil por corrupción y lavado de activos.
Ante repreguntas de los abogados defensores Guillermina Mc Donald, Basilio González, Marcela Araúz y Julio Macias, Vergara dijo no recordar detalles de los informes que elaboró.
Luego subió al estrado Gerardo Córdoba Rosales, un analista de sistemas y métodos informáticos del Ministerio Público. Córdoba participó en la confección del informe de la DIJ, en lo que se refiere a la custodia e instalación de unos dispositivos.
Después se presentó el capitán y contador público autorizado Antonio Lin, testigo solicitado por la abogada Daika Levy, defensora de Marisabel Robles, Reina Chong y Josette Roquebert. Lin, que está asignado a la división de blanqueo de capitales de la DIJ, fue parte del equipo que elaboró el informe de actuación preliminar sobre la trazabilidad de los dineros que movió y recibió Mossack Fonseca.
Los otros autores de ese informe ya han testificado en este proceso, a solicitud de la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada.
Ante una pregunta de Julio Macías, abogado de María Mercedes Riaño, Lin señaló que no omitiría información relevante del informe, aunque el Ministerio Público se lo pidiera. Riaño estaba a cargo de la oficina Mossack Fonseca do Brasil.
Tras el receso del mediodía, intervino el abogado Adolfo Linares, quien fue aducido por las defensoras Dayka Levy y Diva Pinzón. Linares dijo que se le encargó un informe pericial en materia de sociedades anónimas y las regulaciones que se encuentran vigentes en el país.
Aseguró que se ha querido “satanizar” la figura del abogado que presta sus servicios como director nominal de una sociedad anónima, pero que se trata de una persona que da servicios legales “perfectamente regulados” y que surge cuando el cliente por algún motivo, pide no figurar como dueño de la sociedad anónima.
Linares también detalló que los servicios prestados por Mossack Fonseca constituyen una práctica común de casi todos los abogados del país, ya que prestaba servicios para la creación de sociedades anónimas de manera local e internacional.
Luego comparecieron los testigos Oscar del Perpetuo Socorro Luna, y Agustín Blanco Gutiérrez, este último realizó un análisis de los $12.3 millones enviados por Mossack Fonseca Do Brasil a Panamá que fueron usados por la firma para el pago de salarios y otras cuentas.
